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Lo que está en juego

Iniciado el proceso electoral ´más grande de la historia´, se echan de ver las pugnas soterradas de los grupos de poder que se aferran a los privilegios que les fueron otorgados por los regímenes neoliberales a partir de la administración de Miguel de la Madrid, quien, acorralado, entregó el poder político al poder económico y del gobierno de Carlos Salinas, que se sostuvo en la presidencia gracias a las alianzas que tejió con el PAN, la Iglesia y los Estados Unidos . Han puesto toda la carne en el asador.

Se habla de un elevado número de cargos locales, estatales y federales que estarán en juego; pero, en la realidad, lo importante es la elección de los diputados al Congreso de la Unión, los 300 que se elegirán por mayoría relativa y los 200 de representación proporcional. Serán ellos los que determinen si sigue el actual proyecto de gobierno, o se da marcha atrás para que el país siga en manos del capitalismo salvaje que ha ahondado tanto la brecha que separa a los que nadan en la abundancia y los que de todo carecen.

Lo que está en juego

La supervivencia misma del árbitro electoral, cuyas actuaciones están en entredicho no por exceso de celo en el cumplimiento de su deber, sino por la actitud canteada que ha asumido en favor de los emisarios del pasado y los escombros de la clase política de origen pripánico cuyo rencoroso lamento se escucha por doquier, como la Zarzamora, porque Peña Nieto no debió entregar el poder tan fácilmente como lo hizo, pues tenía a modo al Instituto Nacional Electoral, como con Calderón y Fox.

Ese organismo que emergió de la partidocracia con el fierro de la Gordillo en la frente y que debe desaparecer como una de las primeras acciones de la Cámara de Diputados renovada. Ese mismo que revivió a su progenitora al autorizar la creación de Redes Sociales Progresistas como nuevo partido político para dar cancha y juego a las trapacerías de la expresidenta y exdueña del sindicato magisterial. Ese instituto que incumple con su función de promover la participación democrática de la población.

Más que las elecciones locales y estatales, sobre las cuales hay un interés derivado de la inmediatez de las relaciones entre los actores políticos con el ciudadano de a pie, la mirada debe estar puesta en las federales; en la elección de los diputados, que serán los que decidan el futuro de la nación y, quizá, la creación de una nueva constitución que reencauce al país por el camino del progreso con justicia social, como venía ocurriendo hasta antes de que asaltaran el poder la perniciosas hordas de vendepatrias. 

Esas mismas que promovieron las reformas del neoliberalismo destinadas a terminar con la propiedad social de la tierra (Salinas y la reforma del 27 constitucional); privatizar el sector energético (Peña Nieto); dejar sin derechos a los trabajadores (la subcontratación de Calderón), y no dejar piedra sobre piedra de la primera constitución social del siglo xx. Reformas que recogieron nuevas realidades y sentidas demandas sociales; pero, igual encaminadas a desmontar la esencia de la Constitución de 1917.

Dado que las constituciones son dinámicas, esto es, producto de los cambios sociales y culturales en el tiempo y en el espacio, la crisis que actualmente afecta a los mexicanos, también los pone frente a la inigualable oportunidad de volver a los principios que dieron vida a la Constitución emanada de la Revolución. Los nuevos diputados pueden ser los constructores de un nuevo pacto que recupere el espíritu social y libertario de los constituyentes de Querétaro a los que los mexicanos les deben tanto. 

Porque definir el significado de lo constitucional no debe sujetarse a un aspecto meramente formalista, sino que debe atender a la sustancia o esencia de los valores que se deciden privilegiar en un estado de derecho, que se consigue con un mayor y mejor ejercicio del sistema interpretativo de los derechos humanos dejando a la igualdad y libertad jurídicas ocupar sitios de privilegio en la agenda del Estado, y no la prevalencia del interés de los poderes fácticos o las camarillas del poder económico y político. 

De ´la madre de todas las elecciones´, puede emerger la posibilidad de una constitución que finalmente proporcione los mecanismos para analizar el tema de las restricciones constitucionales sin iniciar necesariamente un litigio ante los tribunales con la finalidad de tener una garantía para el respeto de esa materia y sustancia en el contenido de las constituciones sobre todo cuando se habla de derechos, y evitar tener una Constitución semántica alejada del modelo democrático ideal para un adecuado goce y disfrute de los derechos humanos. De todos los derechos para todos los ciudadanos, en su cabal interpretación.