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Hostigamiento fiscalizado

El escándalo en que se encuentra la Auditoría Superior del Estado, alcanzó un nivel adicional a su trabajo.

No solo hay una resistencia a entregar 42 Cuentas Públicas relacionadas con la administración anterior que se aprobaron el 30 de junio del 2022, el último día del periodo de sesiones donde el PAN mantenía la mayoría en el pleno del Congreso.

Hostigamiento fiscalizado

Que dicho sea de paso, es histórico que un Auditor Superior del Estado como Jorge Espino Ascanio, le esté poniendo trabas a los propios legisladores para no entregar las cuentas.

Antepone argumentos ´legales´ para cumplir y mantiene esa resistencia para poder entregar los expedientes completos de las Cuentas Públicas de Cabeza de Vaca.

Para muchos, no fue un secreto que uno de los mecanismos que utilizó la ASE desde el 2017 fue utilizar las cuentas públicas para acorralar a sus adversarios.

En ese entonces ex alcaldes del PRI, Presidentes Municipales, ex presidentes del PAN (adversos a las ideas de Cabeza de Vaca) e incluso se lanzaron contra gerentes de Comapas como fue el caso de Victoria.

Algunos ex alcaldes del PRI se vieron obligados, con tal de que sus cuentas públicas se aprobaran y no terminará en la cárcel, a declararse militantes del PAN y al abrir el proceso del 2018 fueron los que movieron las estructuras y sus militantes a favor de Alcaldes, diputados locales, federales y candidatos a senadores panistas, por que el PAN aun no tenía una fuerza al interior.

Uno de los ex alcaldes que se negó a formar parte de esto, fue Samuel Ruíz Rodríguez (ex Presidente de San Carlos, Tamaulipas) y el costo de la negativa, fue que Javier Castro Ormachea entonces Fiscal Anticorrupción, le armó un expediente y lo encerró por supuesto desvió de recursos que superó más del millón de pesos.

Al final quedó libre aunque pagó 72 mil pesos de fianza y posteriormente fue absuelto porque no había elementos para condenarlo, aseguró el Juez, pero nadie le regreso el tiempo que estuvo en la cárcel. 

Por cierto que Javier Castro Ormachea (quien también persiguió al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, absuelto de todos los cargos que Castro le fabricó o mas bien, le ayudaron a fabricar los delitos) es actualmente Magistrado del Poder Judicial del Estado.

Pero además, hubo gerentes de Comapas que, se les había detectado recursos sin comprobar por 75 millones de pesos y aparte de jalarlos al PAN, pagaron entre 20 y 35 millones de pesos como reembolso para no ir a prisión. ¿A dónde fue a dar ese dinero?

Claro que, el que lo cuenta, no busca más popularidad porque sigue teniendo relaciones con el PAN y habla solo una parte de esos momentos de presión que cometió la ASE en sus arranques de presión y que por cierto, ya dirigía Jorge Espino Ascanio.

Una de sus ´víctimas´ más visibles ha sido Oscar Almaraz y terminó siendo operador político, diputado federal del PAN e incluso coordinador de campaña de El Truko César Verástegui Ostos y al que utilizó para vengarse, después de tantas humillaciones que le hicieron. Pero finalmente sigue en el PAN.

Seguramente con el tiempo, saldrán los testimonios para confirmar muchas de las versiones que en el ambiente político se han ido conociendo.

Lo que hoy vive la Auditoría Superior del Estado, es igual o más grave. Tener en su estructura a uno o varios personajes que han sido señalados de hostigamiento sexual, tiene la misma importancia para que estas prácticas se destierren.

Esos chantajes de quienes tenían las áreas de administración y la posibilidad de aumentar o quitar compensaciones a las Auditoras o Contadoras de este órgano, ha comenzado a detonar una serie de denuncias.

Ya en el Congreso del Estado, una de las víctimas se presentó para encarar al Auditor Superior Jorge Espìno Ascanio, no solo para pedir aclaraciones por sus dichos en la reunión de trabajo con diputados, sino para que admita el conocimiento que tenía de los hechos y cómo fue que le dio protección a su funcionario.

Un año después de los hechos (2021) y que se hizo público por la Diputada Cassandra de los Santos (en 2022) quien mostró a los medios de comunicación parte de la denuncia que esta registrada con el número 357/2021, Espino decidió destituir a Pedro Sosa de su cargo.

Pero después de la reunión de trabajo con diputados el 23 de mayo, al menos siete mujeres comenzaron a tener contacto con la diputada Cassandra de los Santos, para dar a conocer lo que a ellas les había sucedido.

Si las denuncias masivas se formalizan en la Fiscalía General de Justicia o en la Fiscalía Especializada de delitos contra Niñas, Niños y delitos contra las Mujeres -FENNAM- con seguridad será un proceso histórico.

Incluso, en este momento debería estar actuando la Contralora de Gobierno Norma Angélica Pedraza Melo, para al menos conocer detalles sobre la denuncia administrativa que una de las jóvenes hostigadas sexualmente interpuso en la ASE.