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De poder a poder (II)

Resulta preocupante la actitud que asumió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por tomar decisiones apegadas a la legalidad, ya que es una clara muestra de su carácter intolerante de cuando no se cumple lo que él desea, como sucedió con la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el fallo a favor de la elección de  Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora de Puebla.

La campaña de desprestigio que ha lanzado en contra de la SCJN y del TEPJF no sólo enrarece el clima político de nuestro país, sino también puede provocar el enfrentamiento social porque pretende hacer creer que ministros, magistrados y jueces son una clase privilegiada, con sueldos que, según él, “son una ofensa para el Pueblo de México”.

De poder a poder (II)

Y la respuesta no se hizo esperar, ya que ayer magistrados, jueces y empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) salieron a protestar en todo el país, como ocurrió aquí en Ciudad Victoria, en donde un grupo encabezado por la magistrada Olga Iliana Saldaña Durán, denunció la intromisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, por lo que exigieron el respeto a la división de poderes.

Incluso, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, Luis Vega Ramírez, desmintió en forma categórica que ganen más de 600 mil pesos mensuales como dijo López Obrador.

Por su parte, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, rechazó que haya habido presiones o intimidaciones por el fallo a favor de la elección de Alonso Hidalgo como gobernadora de Puebla, como lo denunció que el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien propuso anular la elección por el supuesto de que no se cumplió la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Otálora Malassis minimizó el disgusto de López Obrador cuando señaló que la decisión en torno a la elección de Puebla fue antidemocrática, además pidió al magistrado Vargas Valdez presentar una denuncia formal en contra de aquellos que supuestamente lo presionaron e intimidaron.

Seguramente continuará la lucha de poder a poder que ha propiciado López Obrador, sobre todo ahora que los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, es decir Ricardo Monreal Ávila en el Senado y Mario Delgado Carrillo en la Cámara de Diputados, anunciaron que presentarán una ofensiva legal en contra de la decisión del magistrado Pérez Dayán que ordenó la suspensión de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En otro tema, bienvenida la eliminación del pago de la tenencia vehicular que ayer anunció el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, puesto que en la mayoría de los estados ya se había suprimido luego de que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió acabar con este gravamen impuesto para financiar los Juegos Olímpicos de 1968 en México.

El mandatario estatal señaló que la eliminación de la tenencia entraría en vigor en el 2019, pero además autorizó un descuento del 20% a quienes paguen los adeudos anteriores durante los primeros cuatro meses del próximo año.

Reveló que por concepto de la tenencia vehicular se tenía un ingreso de 250 millones de pesos al año, cuya cantidad se puede prescindir por los ahorros que se han tenido sin afectar los programas prioritarios.

Por último, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se reunieron ayer familiares y amigos de las personas desaparecidas por la violencia registrada en nuestra entidad, cuyo cónclave transcurría normalmente hasta que Luis Salinas Rodríguez, hijo de la activista asesinada Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez (QEPD), anunció que buscará encabezar la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas.

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