Dan revés a consulta

Tal y como lo habían señalado en reiteradas ocasiones especialistas en derecho constitucional y analistas políticos, la consulta popular que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a los expresidentes es anticonstitucional, como lo confirmó ayer el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien presentó una propuesta para que sea discutida durante la sesión del próximo 1° de octubre por el pleno del máximo tribunal en el país.

Aunque ya se esperaba que la consulta popular sería considerada como anticonstitucional, todavía ayer el presidente López Obrador señaló que esta decisión no es definitiva porque es el punto de vista de un solo ministro, por lo que pidió al resto de las y de los integrantes de la SCJN que tomen en “cuenta el sentimiento del pueblo”.

El ministro Aguilar Morales fue muy claro en su exposición de motivos para calificar de anticonstitucional la consulta popular propuesta por López Obrador, ya que analizó cada uno de los argumentos presentados en la solicitud presidencial y concluyó que la decisión de juzgar a los expresidentes recae en las autoridades y no en los ciudadanos.

Es decir, no hay necesidad de realizar una consulta popular que ocasionaría un gasto inútil de cerca de 8 mil millones de pesos, según un cálculo del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que la obligación de López Obrador es presentar las denuncias en contra de los expresidentes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de tener pruebas de sus acusaciones.

 Incluso, advirtió que sí la ciudadanía vota por el “no” en la consulta, el efecto sería una especia de perdón o amnistía de los delitos que pudieran haber cometido los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Además, el también expresidente de la SCJN indicó que la consulta puede vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes, sin dejar de mencionar que los ha expuesto mediáticamente a la condena popular antes de ser juzgados.

No se descarta la posibilidad de que López Obrador emprenda una campaña de desprestigio en contra del ministro Aguilar Morales por considerar como inconstitucional la consulta popular que solicitó, como lo ha hecho en contra de todos aquellos que se oponen a sus indicaciones.

Hay que estar muy pendientes de los votos que emitan el resto de los integrantes de la SCJN en torno a la propuesta del ministro Aguilar Morales, sobre todo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, esposa del ingeniero José María Riobóo Martín, contratista consentido de López Obrador.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de política estridente de López Obrador, resulta que ayer en la conferencia mañanera se le ocurrió involucrar al dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, de financiar la protesta que realiza el Frente Nacional Anti-Amlo (Frenaaa) en el zócalo de la Ciudad de México.

Invitó a los participantes que mantengan el platón y que se queden a pernotar como supuestamente él lo hizo muchas veces, pero luego dijo que hay otros que no dan la cara y que financiaban la protesta, como era el caso del dirigente empresarial De Hoyos Walther.

Y la respuesta del dirigente de la Coparmex no se hizo esperar, puesto que el empresario subió un tuit en donde señala: “Que le ponga hora, día, lugar, temas y audiencia. ¡Allí estaré! No le saco. PD: “Nunca tiro la piedra y escondo la mano”.

De Hoyos Walther aseguró que en lugar de calumniar a los que piensan diferente, López Obrador debe buscar construir con todos. “Cuando el Ejecutivo Federal escucha, como lo hizo en nuestra propuesta con el incremento al #SalarioMinimo y la #ReformaDePensiones, avanzamos hacia un #MéxicoGanador”.

Por último, los padres de los normalistas de Ayotzinapa se reunirán mañana con el presidente López Obrador para escuchar los avances en las investigaciones realizadas por la FGR en torno a la desaparición de sus hijos, sin embargo, no tiene muchas esperanzas de que se aclaren los hechos luego de que varios jueces negaron las ordenes de aprehensión de funcionarios municipales de Iguala, Guerrero, quienes supuestamente están involucrados en los trágicos sucesos ocurridos hace casi seis años.

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