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Se suma Municipio de Chihuahua contra Plan B electoral

El Alcalde panista del Municipio de Chihuahua, Marco Bonilla, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral

 "Dicha controversia se presenta debido a que de las reformas se desprende una invasión de las esferas competenciales, dando con ello violaciones a preceptos constitucionales", expuso el Gobierno Municipal en un comunicado.

Foto ReformaSe suma Municipio de Chihuahua contra Plan B electoral

"Hemos presentado en la Ciudad de México una controversia constitucional contra las reformas elaboradas por la Cámara de Diputados de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley de Responsabilidades Administrativas por preceptos que desde nuestro punto de vista y argumentos jurídicos violan la libertad hacendaria consagrada en el artículo 115 constitucional y también el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos de este Municipio de Chihuahua", indicó el Edil en un video.


 "Dicha controversia se presenta debido a que de las reformas se desprende una invasión de las esferas competenciales, dando con ello violaciones a preceptos constitucionales", expuso el Gobierno Municipal en un comunicado.

 Explicó que tras el análisis realizado por la autoridad municipal, la reforma viola los principios de autonomía, libertad hacendaria y configurativa, principio de reserva de ley, además de vulnerar el derecho a la libertad de información de los habitantes del Municipio de Chihuahua.

 Los conceptos de invalidez que se reclaman son los siguientes:

 1.Agravio a la libre administración hacendaria y la autonomía hacendaria del Municipio de Chihuahua.

 2.Se vulnera el derecho a la información de las y los ciudadanos del Municipio de Chihuahua, y con esto se restringe su acceso adecuado y oportuno a los diversos servicios, programas, apoyos y acciones que el Municipio ofrece.

 3.Se vulnera el principio de proporcionalidad de las medidas legislativas que restringen derechos humanos como la igualdad y no discriminación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, a la educación, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la alimentación, a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna...

 4.La norma impugnada es absolutamente desproporcionada al fijar un tope presupuestal homologado para todos los poderes de la Unión de los tres niveles de Gobierno, debido a que no considera el monto de los presupuestos de egresos aprobados para cada ente gubernamental.

 Asimismo, omite que el Gobierno federal tiene además de un tope de más de 6 mil millones de pesos para Comunicación Social, acceso a los tiempos oficiales y al sistema de nacional de radiodifusión del Estado.



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