Acusan gasolineros a Profeco de extorsión

Gasolineros del oriente del Estado de México reclamaron que han sido extorsionados por inspectores de la Procuraduría de Federal del Consumidor (Profeco) de manera sistemática y periódica.

“Entonces llegan, inspeccionan las mangueras, nos dicen que es muy posible exista un pulsador (un aditamento que no está colocado en la tarjeta madre del dispensador) que altere el despacho de combustible y con eso ya ponen el sello, por la pura sospecha, hasta que se revise, o en cambio, por 50 mil pesos o hasta los 80 mil pesos, hacen como que nos hacen un favor y no registran en su informe el supuesto rastrillo, que es inexistente, porque no le movemos nada a los dispensadores”, dijo a REFORMA un gasolinero del municipio de Chalco.

El 1 de febrero pasado la Profeco reconoció que, a esa fecha, inició 424 procedimientos por infracciones a la ley relativas a la bitácora de eventos en dispensarios de la marca Gilbarco, por lo que pidió a los gasolineros afectados demandar al fabricante por posibles daños y perjuicios.

Indicó que esa falla en los dispensarios de los gasolineros derivaron en 247 procedimientos por infracción a la ley, que concluyeron con multas por 117.3 millones de pesos.

“Esa falla consiste en que, al descargar la bitácora de eventos del dispensario y revisar los registros de cambio de precio, estos no se encuentran almacenados, de acuerdo al lapso establecido en la normatividad (al menos 12 meses de operación normal)”, indicó la Profeco.

Para los gasolineros, desde el 8 de octubre de 2020, que entró en vigor la modificación completa de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, que estableció que las estaciones de servicio de despacho de gasolina y diésel deben contar con dispensarios nuevos o actualizados que cumplan con las características y especificaciones establecidas en dicha norma, autoridades avalaron el uso de los sistemas Gilbarco.

Para la Profeco no está entre sus facultades avalar la utilización de instrumentos, ni certifica la calidad de software.

“En caso de detectarse incumplimiento -por defecto, en este caso- se aplica la medida precautoria de inmovilización. La falla en cuestión no afecta a todas las gasolineras, sino principalmente a las cadenas que cuenten con dispensarios de la marca Gilbarco, con configuración para venta a flotillas (venta al mayoreo). En el mercado hay otras siete marcas de dispensarios, los cuales cumplen con la normatividad aplicable”, añadió.

“Ellos saben que existe esta situación, así que cuando revisan obviamente van a encontrar esas fallas en el software defectuoso. Y nos dicen ‘ustedes o manipularon los dispensadores o no los han cambiado, así que vamos a poner los sellos, porque la responsabilidad es de ustedes’, y va de nuevo la extorsión, de lo mismo 50 mil a 80 mil pesos”, se quejó el gasolinero de Chalco que prefiere omitir su nombre por temor a represalias.

Indicó que han solicitado a la Cenam orientación sobre cómo modificar esos sistemas, pero no han sido apoyados. Mientras, trabaja con los dispensadores defectuosos derivado de la extorsión a los inspectores, reconoció.