Fluyen ‘millonadas’ a centros antiaborto

NASHVILLE, Tennessee.- Los centros antiaborto de todo el país están recibiendo decenas de millones de dólares de impuestos para disuadir a las mujeres de interrumpir sus embarazos, casi cinco veces más que hace una década como resultado de un esfuerzo a menudo pasado por alto por parte de la mayoría Estados liderados por republicanos.

Un recuento de Associated Press basado en las cifras del presupuesto estatal revela que este año fiscal se han asignado casi $89 millones a dichos centros en alrededor de una docena de estados. Hace una década, la financiación anual de los programas rondaba los $17 millones en unos ocho estados.

Se desconocen las estimaciones de cuántos abortos se han evitado con dichos programas porque muchos estados solo requieren informes de cuántas clientas fueron atendidas. Del mismo modo, dado que las tasas de aborto han disminuido en los EE. UU. durante años, no hay forma de saber hasta qué punto los centros de embarazo han desempeñado un papel.

Tratar de precisar exactamente cuántos centros de embarazo reciben dólares de los contribuyentes también es difícil porque cada estado tiene un sistema diferente para distribuir el dinero.

CLÍNICAS NO HACEN TRABAJO

“Es un mal gobierno. Se supone que debemos monitorear el dinero de nuestros contribuyentes y no sabemos a dónde va el dinero”, dijo Julie von Haefen, representante estatal demócrata en Carolina del Norte, que ha enviado millones en dinero público a los centros de embarazo. “Estas clínicas no brindan atención médica. Actúan como si lo hicieran, pero no lo hacen”.

Lo que está claro es que la financiación de los contribuyentes para los centros se ha disparado en los últimos años a medida que más estados liderados por republicanos han aprobado leyes que limitan severamente el acceso al aborto.

Los centros también han sido acusados de proporcionar información engañosa sobre el aborto y la anticoncepción, por ejemplo, sugiriendo que el aborto provoca problemas de salud mental o cáncer de mama.

“Lo que descubrimos es que brindan información engañosa sobre los riesgos del aborto y no brindan la prevalencia real de cuándo sucede, porque el aborto es bastante seguro”, dijo Andrea Swartzendruber, profesora de salud pública de la Universidad de Georgia que ha ayudado mapear la ubicación de los centros de embarazo en crisis en todo el país. “Afirmarán que el aborto conducirá al cáncer de mama, cuando en realidad no es así. O dirán que el aborto conduce al trastorno de estrés postraumático por aborto. Componen este síndrome post-aborto”.

Los centros de embarazo a menudo aparecen cerca de las clínicas de aborto con el objetivo de alejar a las mujeres embarazadas.

Los partidarios esperan expandir el número de centros si la Corte Suprema de los Estados Unidos anula o restringe significativamente el derecho al aborto en un caso que se decidirá a finales de este año.

Ese impulso ya se está acumulando en Texas, donde una ley estatal que efectivamente prohíbe el aborto alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, entró en vigencia desde septiembre. Los legisladores estatales recientemente dieron un gran impulso financiero a los programas que ofrecen alternativas al aborto, dedicando $100 millones durante los próximos dos años.

CLASES... ¡DE CRIANZA!

Los programas en Texas y otros estados suelen ofrecer asesoramiento y clases sobre habilidades de crianza, así como ropa y alimentos. Los defensores argumentan que estos son servicios sociales esenciales ofrecidos a mujeres que de otro modo permanecerían embarazadas pero que desconocían la ayuda que podrían recibir.

“Hemos visto mujeres que siguen buscando constantemente recursos y servicios”, dijo Chelsey Youman, directora estatal de Texas y asesora legislativa nacional de Human Coalition, uno de los principales contratistas del programa estatal de alternativas al aborto. “Las mujeres están diciendo: ‘Está bien, el aborto no está disponible después de que mi hijo tiene un latido cardíaco, entonces, ¿qué hay aquí?’”

La nueva ley, dijo Youman, ha ayudado a reenfocar los esfuerzos de los centros de embarazo en crisis tanto en las mujeres que han aceptado las nuevas restricciones y necesitan ayuda, como en aquellas que dudan si cruzar las fronteras estatales para abortar.

La mayoría de los centros ofrecen pruebas de embarazo y asesoramiento relacionado con el embarazo. Algunos también ofrecen servicios médicos limitados, como ultrasonidos. Debido a que los centros no son instalaciones de atención médica con licencia, están exentos de ciertas regulaciones gubernamentales, como los niveles mínimos de personal.

El año pasado, los legisladores de Tennessee asignaron dinero para colocar varias máquinas de ultrasonido en centros de embarazo. El sitio web de un centro incluye un descargo de responsabilidad que establece que cualquier información provista “es un servicio educativo y no se debe confiar en ella como un sustituto del consejo profesional y/o médico”.

En una reciente dedicación de una máquina de ultrasonido en Murfreesboro, a unas 30 millas (48 kilómetros) al sur de Nashville, el gobernador republicano Bill Lee y los partidarios contra el aborto dijeron que la compra financiada por el estado fue fundamental para convencer a los pacientes que estaban considerando el procedimiento.

“Se trata realmente de servir a las mujeres que tienen una crisis y quieren información”, dijo Lee.

El primer estado en promulgar un programa oficial de alternativas al aborto fue Pensilvania a mediados de la década de 1990. La financiación surgió de un acuerdo en la Legislatura entre los partidarios del derecho al aborto y los opositores al aborto.

Robert P. Casey, un demócrata antiaborto, convirtió en ley la financiación del centro de embarazo en crisis, apenas un año después de que su administración luchó ante la Corte Suprema para ganar un fallo histórico de 1991 que permitía a los estados imponer restricciones al aborto.

Según el acuerdo, Pensilvania comenzó a subsidiar el programa para apaciguar a los opositores de un programa preexistente que subsidiaba los servicios de Planned Parenthood para la salud de la mujer. Las mayorías republicanas en la Legislatura han hecho cumplir el acuerdo desde entonces, incluso durante los últimos ocho años bajo el gobierno demócrata Tom Wolf, quien apoya el derecho al aborto. Recibió 7.2 millones en el año fiscal actual.

Si el dinero para el programa fuera recortado del presupuesto, “entonces también eliminaríamos esa partida que va a Planned Parenthood”, dijo la representante estatal Kathy Rapp, una republicana que preside el comité de salud en la Cámara.

Para 2001, Pensilvania también se convirtió en el primer estado en recibir la aprobación para usar $1 millón del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas para ayudar a financiar los centros de embarazo.

Luego, el Departamento de Salud de Pensilvania contrató a una organización sin fines de lucro conocida como Real Alternatives para supervisar el programa y distribuir el dinero. El grupo con sede en Pensilvania finalmente fue seleccionado para supervisar programas similares en Michigan e Indiana, donde dice que desde entonces ha atendido a más de 408,000 mujeres.

La Campaña por la Responsabilidad, una organización de vigilancia con sede en Washington, ha presentado múltiples quejas contra Real Alternatives, incluidas acusaciones de que el grupo no cumplió con sus propios objetivos y malgastó el dinero de los contribuyentes.

El auditor general de Pensilvania, Eugene DePasquale, declaró en 2017 que la falta de supervisión del gobierno permitió que Real Alternatives usara dólares de impuestos para expandir su trabajo en otros estados durante décadas. El estado instruyó al grupo a cambiar la forma en que paga a los subcontratistas cuando se renovó su contrato.

En Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer vetó el presupuesto estatal anual de $700,000 para alternativas al aborto en 2019 luego de una queja de Campaign for Accountability, que argumentó que Real Alternatives había brindado servicios a solo unas 3,700 mujeres embarazadas en lugar de las 9,000 descritas en su contrato. Michigan había financiado el programa desde 2013.

“Los habitantes de Michigan merecen programas integrales de planificación familiar que estén basados en evidencia y respalden la gama completa de opciones de salud reproductiva de una persona”, dijo Whitmer en una carta al grupo de vigilancia, agradeciéndoles por presentar la queja.

La enfermera Cassie Owen demuestra una máquina de ultrasonido en el Portico Crisis Pregnancy Center en Murfreesboro, Tennessee.

PROGRAMAS ALTERNATIVOS

En Georgia, los críticos apuntan a requisitos de información laxos que exigen que los programas de alternativas al aborto solo divulguen sus gastos totales y la cantidad de dinero distribuida a los proveedores.

A pesar de las preocupaciones de transparencia, el impulso para expandir los programas alternativos continúa en todo el país.

Arizona no tiene un programa oficial de alternativas al aborto, pero en 2019 los legisladores destinaron $2.5 millones durante tres años para desarrollar una línea telefónica de ayuda diseñada para alejar a las mujeres embarazadas de los abortos.

En Tennessee, la gran mayoría del Partido Republicano en la Legislatura firmó recientemente la donación de 3 millones de dólares a Human Coalition para establecer centros de llamadas que sirvan como “clínicas virtuales” en Nashville, Memphis y Knoxville. Su objetivo es dirigir a las personas a centros de embarazo o servicios gubernamentales.

Arkansas es el primer estado que requiere que las pacientes que buscan un aborto primero llamen a una línea directa de información para obtener información sobre la posible asistencia para el embarazo antes de que puedan someterse al procedimiento. El programa se implementará en 2023.

Florida, Georgia, Louisiana, Minnesota, Missouri, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio y Oklahoma han financiado centros de embarazo en crisis durante años. Pero ningún estado ha actuado con tanta ambición como Texas.

En 2005, Texas creó su propio programa con $5 millones tomados de sus dólares federales de asistencia social, lo que permitió que una variedad de organizaciones sin fines de lucro solicitaran subvenciones. Rápidamente se expandió bajo la Legislatura controlada por los republicanos a medida que los centros de embarazo en crisis, las agencias de adopción y las casas de maternidad clamaban por más dinero.

Se supone que debemos monitorear el dinero de nuestros contribuyentes y no sabemos a dónde va el dinero, dijo Julie von Haefen.

CONTRATISTAS, FINANCIAMIENTO SIN PRECEDENTE

Para 2020, los contratistas de alternativas al aborto del estado proporcionaron aproximadamente 1 millón de productos, como pañales y alimentos, brindaron 331,000 sesiones de asesoramiento, impartieron 314,000 clases para padres, hicieron 217,800 referencias a programas de asistencia del gobierno y brindaron 56 servicios de adopción, según el último informe anual.

Este año, los legisladores de Texas dedicaron un récord de 100 millones en dólares de impuestos estatales para financiar el proyecto durante los próximos dos años.

La representante estatal Debra Howard dijo que el dinero podría gastarse mejor en programas de salud para mujeres supervisados por el estado que ofrecen exámenes anuales, pruebas de detección de enfermedades y servicios de planificación familiar.

“El aumento exponencial de la financiación no tiene paralelo”, dijo el demócrata de Austin. “Ciertamente no es algo que hayamos visto en otros programas que están en la categoría de salud de la mujer”.