Entre contagio, desempleo y la deportación

San Francisco.

La última vez que el jornalero Miguel Guzmán envió dinero a su esposa y a su hija de ocho años a su natal Guerrero fue hace dos semanas. Desde entonces no ha ganado ni un dólar.

Durante cuatro años Miguel mandó a su familia 100 dólares a la semana. Ahora que nadie contrata sus servicios no puede hacerlo. Es uno de los cientos de miles de indocumentados afectados por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, que incluyó el cierre temporal de varios centros de jornaleros.

“Lo hicimos para proteger a los trabajadores, a la comunidad y a los empleadores. No es bueno que 50 jornaleros estén juntos en un centro, esperando un trabajo”, declaró a la prensa Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros en Los Ángeles.

Hoy, al menos 18 estados del país han decretado encierro forzoso para sus habitantes; a esa medida se suma el cierre de miles de restaurantes, bares, centros comerciales y lugares de entretenimiento. Para enfrentar la contingencia sanitaria, el gobierno estadunidense aprobó ya un paquete de estímulos cercano a los 2 billones de dólares para proteger al sector industrial y los negocios, así como a los trabajadores estadunidenses.

Según el Pew Research Center, de los cerca de 11 millones de indocumentados en el país, alrededor de 70% conservan su empleo, lo que constituye 5% de la totalidad de la fuerza laboral en el país. El Pew calcula que 14% de esos indocumentados en EU trabajan en la industria de alimentos y bebidas, mientras la de la construcción ocupa a 16%.

En Nueva York, la organización New Immigrant Community Empowerment Center distribuye alimentos entre los miles de jornaleros que carecen de empleo; estima que unos 5 mil de sus afiliados podrían verse afectados.

En la misma ciudad, la Coalición Mexicana levantó una encuesta entre indocumentados, según la cual 78% de los consultados admitieron carecer de dinero para hacer sus pagos mensuales; 75% tienen dependientes en su país de origen; 66% de los que tienen niños en Estados Unidos respondieron que no tiene un plan de emergencia en caso de que alguno de los padres se contagie de coronavirus. Alrededor de 80% de los encuestados admitió tener más de ocho años viviendo en este país.

“Uno pensaría que al haber vivido más de ocho años aquí estarían más conectados a otros servicios, pero no lo están. Se mantienen aislados y eso hace aún más importante apoyar a las organizaciones con las que sí están conectados”, comenta Jairo Guzmán, presidente de la Coalición.

LOS PELIGROS

En Carolina del Norte, donde cerca de 150 mil trabajadores agrícolas siembran y cosechan tabaco, papa, pepino, jitomate y otras frutas y verduras, también hay  preocupación.

“Estamos totalmente a la expectativa”, dice Janeth Tapia, coordinadora de enlace del FarmWorkers Project, un programa de asistencia de salud para trabajadores agrícolas en seis condados alrededor de Benson. 

“En cada campo agrícola viven hasta 100 personas y en cada cuarto viven de cinco a 12 trabajadores. La distancia entre cama y cama es de medio metro; ahí sólo hay tres sanitarios y cinco regaderas. Si una persona se infecta o viene infectada, puede causar estragos”, comenta Tapia.

Asegura que 90% de los trabajadores agrícolas mexicanos que llegan a los condados que cubre FarmWorkers Project vienen con una visa de trabajo H1A, lo que les permite tener acceso a servicios de salud. Sin embargo, teme que muchos de ellos eviten pedir ayuda por temor a ser regresados a México o de que el empleador los corra.

“Muchas veces prefieren trabajar hasta que ya no pueden”, dice, por lo que la organización puso en marcha una campaña informativa para evitar al máximo la propagación del coronavirus.

En el sector industrial, miles de indocumentados se quedaron en la calle. Es el caso de Luis Velázquez, de Puerto Vallarta, que trabajaba en un restaurante en Seattle. Su situación laboral era estable y tenía un buen sueldo. Pero todo cambió a partir del miércoles 11. 

El viernes 20 el gobierno de Trump anunció el cierre parcial de la frontera con México, limitando el cruce al comercio esencial. Bajo la nueva medida, cualquier indocumentado detenido en la frontera será regresado sin el debido proceso. A ese plan se suman acciones como la suspensión de las audiencias de otorgamiento de asilo, la revocación de un plan que incrementaría a 35 mil las visas H2B para trabajadores temporales en áreas no agrícolas y la suspensión de visitas en centros de detención de inmigrantes, entre otras restricciones. 

Para el jueves 26, el gobierno de Trump admitió que había 68 mil 440 casos de coronavirus y 994 fallecimientos.

SIN SEGURO MÉDICO

Es factible que ante las complicaciones económicas, miles de indocumentados opten por no acudir al médico; algunos temen ser identificados y deportados.

La Kaiser Family Foundation, una organización no lucrativa dedicada al estudio de temas de salud, indica que muchos indocumentados evitan o retrasan las visitas al médico debido a su situación migratoria. En la mayoría de los casos, dice la fundación, envía a los pacientes a clínicas comunitarias, aunque los servicios que ofrecen son limitados.

En Los Ángeles, organizaciones comunitarias invitan a los inmigrantes indocumentados a acudir a los nosocomios para que se les ausculte y, en caso de que den positivo, reciban el tratamiento necesario.

En Nueva York, la red hospitalaria NYC Health + Hospitals informó que ampliará su cobertura de salud a todos los residentes del estado sin importar su posibilidad de pago por el servicio o su estatus migratorio.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también difundió comunicados de prensa en los que aclara que no hará detenciones en hospitales o centros de salud.