Reduce el gobierno la dependencia eléctrica

Ciudad de México

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad, adquirió 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola, con un costo estimado de 5 mil 943 millones de dólares que serán cubiertos con recursos disponibles del Fondo Nacional de Infraestructura, sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo, a fin de aumentar la capacidad de generación de 39.6 por ciento a 55.5 por ciento de toda la energía del país y en la región noreste, su participación pasará de 6.7 a 44.8 por ciento, a la que se sumarán las plantas en construcción y rehabilitación de hidroeléctricas para alcanzar una meta pública del 65 por ciento de toda la generación de energía eléctrica a finales de 2024, lo que permitirá mantener las tarifas eléctricas y garantizando el servicio público a todos los mexicanos.

La operación, de acuerdo a una investigación realizada por el economista Alberto González Káram, se encuentra debidamente fundamentada en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocer la constitucionalidad de diversos artículos que definen los contratos de cobertura eléctrica, donde se establece que las acciones de inconstitucionalidad sólo se pueden hacer valer por violaciones directas a la Constitución General y Derechos Humanos reconocidos en tratados internacionales, por lo que las normas impugnadas no pueden ser analizadas en el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico integrado por México, Japón, Canadá, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam y Perú, ni en el Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos-Canadá.

En cuanto a la materia ambiental, se cumple con el artículo 4° Constitucional y los compromisos internacionales en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, materializados en la Ley General de Cambio Climático, que lo vinculan a reducir la emisión de gases efecto invernadero mediante la sustitución de energías de fuentes fósiles por renovables.

RECONOCE LA VALIDEZ

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez de revocar permisos obtenidos en fraude a la ley, así como revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes, estimando que no transgreden los principios de irretroactividad y seguridad jurídica, por no existir derechos adquiridos en aspectos relacionados con el orden público y ser lo suficientemente precisos, cuya constitucionalidad es factible en la operación de compra a Iberdrola por parte del Gobierno de la República.

UN DATO 

1. La CFE generará el 65 por ciento y los privados el 35 por ciento para garantizar a todos los mexicanos seguridad energética y las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación.
2. Eliminar las modalidades ilegales de generación privada y en el 35 por ciento de producción despachada diariamente, se tenga una auténtica competencia, justa y pareja.
3. Vender la electricidad producida por la CFE para obtener mayores ingresos, garantizando a los 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas a precios bajos.
4. Generar el despacho a futuro que privilegie a las energías limpias para reducir la contaminación y afectación de la salud de los mexicanos.
5. Evitar el otorgamiento indiscriminado de permisos de generación, debido que la red eléctrica tiene una demanda proyectada para todo el país de 52,500 MW.
6. Aumentar la capacidad de 191 Centrales de Generación que operan en promedio al 55 por ciento, y 69 son energías limpias.
7. Continuar negociando los contratos restantes suscritos con privados extranjeros y nacionales desde 2014 y 2018.
8. Regular y controlar las Sociedades de Autoabasto que se autorizaron permisos en el período 2013-1018.
9. Incrementar los márgenes actuales en energías limpias de 28.6 por ciento a los compromisos internacionales del 35.0 por ciento al 2024.
10. Mantener el Litio como mineral estratégico a futuro del Sistema Eléctrico Nacional, siendo emitido el decreto que declara de utilidad pública al mineral.