De mil denuncias por desvío de recursos, sólo hay 5 condenas

En 22 años, la Fiscalía General de la República [FGR, antes Procuraduría General de la República (PGR)] ha recibido mil tres denuncias asociadas a desvíos y malos manejos de recursos públicos que le ha hecho llegar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero sólo en cinco causas penales ha logrado sentencias condenatorias definitivas con penas máximas de tres años de prisión.

Posteriormente, EL UNIVERSAL obtuvo vía ley de transparencia los expedientes judiciales y, tras revisar las sentencias, se encontró que en todos los casos se les dio la opción a los implicados de sustituir la cárcel por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, siempre y cuando repararan el daño, que en los cinco casos ascendió a 6.4 millones de pesos.

Además de las denuncias penales, la ASF emprende otra serie de acciones como fincamiento de responsabilidades resarcitorias, recomendaciones al desempeño, solicitud de aclaraciones y promociones, por medio de las cuales se busca reintegrar a las arcas públicas el dinero desviado. Desde 2000 a nales de 2018, la ASF había logrado reintegrar a la Federación 146 mil 398.5 millones de pesos que habían sido desviados o ejercidos de manera irregular, pero aún tenía pendientes 487 mil 875.8 millones de pesos por aclarar o recuperar. Aunque se solicitó el monto de recursos desviados asociados a las mil tres denuncias penales, éste no fue entregado por la ASF. Entre los casos que la ASF ha llevado ante la scalía y que continúan en proceso está el millonario desvío de la Estafa maestra, el desfalco de recursos en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz y los pagos improcedentes que realizó la SEP en el proyecto conocido como Estela de luz, entre otros. A pesar de que los casos entregados a la scalía contienen un sinfín de pruebas recabadas por la ASF, como dictámenes periciales, contables, informes de las visitas domiciliarias y testimonios, la FGR sólo ha logrado llevar 40 expedientes (24 averiguaciones y 16 carpetas de investigación) ante el Poder Judicial y en 178 indagatorias declaró el no ejercicio de la acción penal. El caso que más demoró en resolverse en tribunales tardó siete años, ya que la denuncia fue presentada por la Auditoría en 2012 y la sentencia se dio hasta 2019.

No se desmantelan redes de corrupción

En las auditorías que dieron pie a la presentación de las cuatro denuncias penales por los desvíos de recursos destinados al sector agrario, la ASF hizo señalamientos a los funcionarios que autorizaron los apoyos y validaron la documentación presentada sin que se encontrara completa ni cumpliera con los requisitos scales. “Los servidores públicos de Sagarpa responsables de la operación del programa no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la veracidad de la información y documentación comprobatoria [que entregaban las organizaciones sociales para justicar los recursos públicos]”, se lee en una de las auditorías.

“No se ve el problema desde sus raíces y esa falta de estrategia y de visión sistémica de combate a la corrupción es lo que genera incentivos perversos para que sigan ocurriendo estos casos”, armó. Además, los pocos resultados que ha logrado la scalía ante tribunales se debe a que realiza un trabajo deciente porque su personal carece de capacidades de investigación y de profesionalización, señaló.