Avalan diputados eliminar figura de arraigo

Cd. de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que eliminan de la Constitución la figura del arraigo.

"La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

"Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días", cita la fracción octava del artículo 16 constitucional que fue derogada.

Pese a que la Corte estableció como inconstitucional el arraigo, el Congreso no había actuado para eliminar tal figura.

Además, cita el dictamen, desde 2007 empezaron a manifestarse cuestionamientos al Estado mexicano por parte de organismos internacionales por mantener vigente el arraigo.

"El arraigo viola el derecho a un debido proceso, particularmente en su vertiente de presunción de inocencia, así como el derecho a la libertad, llegando a constituir un presupuesto de detención arbitraria.

"El arraigo también afecta a otros derechos, como el derecho a la integridad personal, al colocar a la persona en una posición de vulnerabilidad frente a órganos de seguridad y de procuración de justicia", advirtió el titular de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, en comunicado donde pedía a los legisladores mexicanos derogar el arraigo.

Algunos de los organismos internacionales que se pronunciaron contra el arraigo son el Comité de Derechos Humanos; Comité Contra la Tortura, Subcomité para la Prevención de la Tortura, Consejo de Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico Universal; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.