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Analizaría AMDA acciones legales

Califican firma del decreto como un evento protocolario en el que se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dijo que podría emprender acciones jurídicas ante el decreto presidencial que permite la regularización de autos chocolate.

El año pasado 8.1 por ciento del parque vehicular correspondía a autos importados chatarra.Analizaría AMDA acciones legales

El sábado en Ensenada López Obrador firmó el decreto para legalizar los llamados autos chocolate.

La AMDA lo calificó como un evento protocolario en el que estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que dará cauce a la regularización y en la que se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente.

La AMDA llamó al presidente López Obrador a instrumentar de inmediato políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz, ante la legalización de los vehículos chocolate.

“La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos”, refirió la AMDA en un comunicado.

Agregó que se justifica el apoyo de los más pobres para cometer el contrabando automotriz.

Como parte de las políticas sugeridas por la AMDA está que se tenga tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.

“Es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles”, detalló.

También se propuso exigir el estricto cumplimiento del ANEXO No. 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz. Con ello eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales.



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