Alemania, Francia y España acogerán al 60% de asilados

Bruselas / El País

El nuevo esquema de la Comisión Europea para redistribuir a los refugiados condensa los esfuerzos de reparto en muy pocos países. Alemania, Francia y España deberán acoger al 59 por ciento de los 120 mil asilados que ahora se concentran en Hungría, Grecia e Italia, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario.  

A cambio de pedir solidaridad, Bruselas endurece las expulsiones de los migrantes sin derecho a asilo e insta incluso a detenerlos si hay riesgo de que incumplan la orden de regreso. Las nuevas medidas para paliar la crisis migratoria se presentarán el próximo miércoles.

El Ejecutivo comunitario quiere persuadir a los Estados de que acepten ese controvertido marco de reparto de refugiados porque lleva asociada una mayor agilidad en las devoluciones de todos aquellos que no reciben el estatus de refugiado. Los técnicos han pulido los criterios iniciales de acogida (población, PIB, esfuerzos anteriores en asilo y paro) para hacer recaer el grueso en un puñado de países. 

A Alemania y Francia —ambos partidarios del esquema obligatorio de cuotas— se les otorga la mayor responsabilidad. España —muy reacia en principio a la iniciativa, aunque ha suavizado su postura— figura en tercer lugar, con 14 mil 931 nuevos demandantes de asilo a los que atender, según adelantó el domingo este diario. El bloque del Este —el más renuente desde el principio— sale mejor parado, en un movimiento táctico del equipo de Jean-Claude Juncker con vistas a lograr la máxima aceptación por parte de los Estados miembros.

EVALÚAN COSTOS

Por abultada que parezca, la cifra total de 120 mil  refugiados está lejos de cubrir las necesidades de Hungría, Italia y Grecia, países desde los que se transferirán migrantes a otros Estados. 

Ese cupo representa apenas un 36 de puntos porcentuales de las entradas irregulares que registran ahora estos tres territorios, según cálculos de la Comisión, que evalúa el costo de la propuesta para las arcas comunitarias en 780 millones de euros. 

Esa cantidad incluye los 6 mil euros por asilado que Bruselas ofrece, al igual que en el esquema anterior de reparto de 40 mil refugiados, aún en fase de trámite. Bruselas da dos años a los socios para repartirse a los refugiados.

Dada la emergencia que viven Italia, Grecia y Hungría, Bruselas insta a “asegurar un desplazamiento rápido al Estado de acogida de las personas afectadas”. Esos migrantes se seleccionarán entre los arribados a partir de la entrada en vigor de esta decisión o, como máximo, entre los registrados el mes anterior.

Con el fin de vencer las enormes resistencias de los países del Este, Bruselas rebaja significativamente la cuota asignada a ese bloque. La excepción es Polonia, que pasa del 6.65% al 7.74%. La primera ministra de este país, Ewa Kopacz, se ha mostrado en los últimos días dispuesta a realizar un esfuerzo mayor, aunque sin aceptar un sistema obligatorio, como quiere la Comisión. Bruselas, además, libera a Hungría de la responsabilidad de acoger los migrantes de otros Estados y convierte a ese país en uno de los tres que podrán enviar refugiados al resto.

DEVOLUCIONES

MÁS RáPIDAS

Junto a ese documento de redistribución, Bruselas presentará el miércoles una comunicación para acelerar las devoluciones de los llamados migrantes económicos (sin razones de guerra o persecución). El equipo de Juncker considera que el bajo porcentaje de expulsiones ejecutadas (un 39% del total en 2014 y menos del 30% en el caso de países africanos) actúa como incentivo. “Cuando los migrantes no regresan voluntariamente, tiene que forzarse el regreso”, advierte el texto.

Eso implica que los Estados miembros “deberían usar las detenciones como una medida legítima de último recurso, cuando sea necesario evitar que los migrantes irregulares se fuguen”, según el consejo del Ejecutivo comunitario.

En la actualidad las normas vigentes sobre retorno de extranjeros ya permiten detener durante seis meses (y hasta un máximo de 18 en casos excepcionales) a los extranjeros sujetos a una orden de detención. La directiva que lo permite, de 2008, generó una gran controversia por contemplar medidas tan estrictas.