Contra las armas

La indignación que mostró el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, por la última matanza de personas inocentes, se ha trasladado a un sector importante de la población norteamericana, que busca que haya menos discursos y más acción en contra de los fabricantes, comerciantes y traficantes de armas. Recientemente, el columnista del Washington Post, E.J. Dionne Jr., manifestó: “que Obama ponga su ira a trabajar”. 

Explicó que cada vez que ocurre un caso como el de Roseburg, Oregón, una ola de protestas y condenas en contra de las armas se extiende por todo el territorio de los Estados Unidos; pero, que esa irritación colectiva no tiene consecuencia alguna y pronto es ocupada por nuevos acontecimientos, hasta que, como señaló el propio presidente, vuelve a ocurrir, convirtiéndose en un hecho repetitivo, que generan insensibilidad.

El mandatario subrayó que: “Las oraciones por las víctimas no son suficientes y es necesario abordar el problema lo antes posible desde un punto de vista político. Esto es una decisión política que estamos haciendo. No podemos permitir que esto ocurra cada pocos meses en Estados Unidos. Nosotros colectivamente somos responsables ante esas familias que pierden a sus seres queridos por nuestra inacción”. Lo expresó convencido.

Las iniciativas de Dionne giran en torno a la idea de que los gobiernos dejen de hacer negocio con las empresas que no acepten someterse a controles en la producción y venta de armas. Para poder hacer negocios con el gobierno, las empresas tendrían que estar dispuesto a eliminar los obstáculos para producir armas inteligentes y tecnologías de seguridad de la pistola en el mercado y a cooperar con la ley a identificar y aislar a los distribuidores que proporcionan gran número de las armas utilizadas por los criminales.

Esta idea es magnífica y corresponde a la idiosincrasia del pueblo estadounidenses de mantener los márgenes de libertad que exigen quienes están por las armas, y quienes se sienten inseguros por la abundancia de artefactos mortíferos en poder de cualquier persona que pueda pagarlos, sin importar su estado de salud mental o uso de enervantes.

Según el criterio de Dionne, los gobiernos en todos los niveles son responsables de aproximadamente el 40 por ciento de los ingresos de la industria de armas. El gobierno federal sólo representa alrededor del 25 por ciento. Eso permite un amplio margen de negociación en base al derecho que tienen los contribuyentes de que el dinero que aportan sea utilizado para su propio beneficio. Esta argumentación en nueva y válida.

La idea va prendiendo en varias organizaciones comunitarias que consideran que hasta ahora el gobierno ha sido reacio a utilizar el poder de los contribuyentes en el mercado de armas para promover la rendición de cuentas de los grandes armeros, y por ello consideran necesario que haya presión externa que podría hacer más fácil lo correcto. Estas agrupaciones cuentan, inclusive, con la simpatía de la señora Hilary Clinton.

Otra de las propuestas que han salido de las agrupaciones sociales que consideran que ya es tiempo de hacer algo firme y sustantivo, es que las armas de fuego sean equipadas con microprocesadores para saber en todo momento en dónde se encuentran y bajo qué circunstancias están siendo utilizadas, además de aditamentos inteligentes que eviten que una pistola sea disparada por otra persona que no sea su dueño. La idea es reducir substancialmente el número de asesinatos de personas dentro y fuera de Estados Unidos. 

Así mismo, se busca que la atención de las instancias de gobierno y de la opinión pública se centre menos en la Asociación Nacional del Rifle y sobre aquellos cuyos intereses sirve: los vendedores de armas grandes como Sturm, Ruger Co., Smith & Wesson, SIG Sauer, Beretta, Glock y el grupo Libertad, para hacer que la innovación tecnológica se utilice y sirva para reducir la violencia, mediante el poder del causante.

De lograrse el propósito de generar un control de armas en EU, México se beneficiaría.