Las siniestras entretelas

El entramado del poder político amafiado con el poder económico sigue teniendo parcelas de dominio que retrasan la marcha del país en la gran tarea de restaurar el estado de derecho y de recuperar la tan añorada justicia social. Basta pinchar en alguna parte del cuerpo corrupto para que brote el humor desagradable de la podredumbre. Esta circunstancia se hace más notoria en los momentos en que el país necesita del esfuerzo de todos para vencer los estragos de la pandemia y el forzado confinamiento.

Ayer se hizo pública la noticia de que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, inició un juicio de amparo para impugnar tanto el Presupuesto de Egresos de este año como el manual de remuneraciones de los servidores públicos de mando y la actualización de los tabuladores de sueldos para los mismos, lo que equivale a decir que los funcionarios electorales esperan continuar contando con sus altísimas remuneraciones que de ninguna manera corresponden a su triste desempeño.

Para hacer algunas precisiones, habría que decir que según Consulta Mitofsky, el INE pasa de panzazo con apenas 6.5 por ciento el índice de credibilidad. Cómo no, si en las elecciones del 7 de junio del 2015, ya con Lorenzo al frente, antes de terminar el cómputo de los 300 distritos electorales del país, la sumatoria de los sufragios rebasó el total de sufragantes del padrón electoral, cuando la concurrencia a las urnas no alcanzó ni el 50 por ciento. Quizá el retrato fiel, de cuerpo entero, lo dé Bernardo Barranco.

Barranco, ex consejero electoral del IFE, economista de la UNAM y Maestro en Sociología de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, afirma que: "Cuando él llega a la presidencia del INE me causó mucha confianza, por su trayectoria, por su padre, un gran analista, un hombre íntegro, pero algo pasó con la llamada donde se burla de los pueblos autóctonos. A partir de ese momento, Lorenzo Córdova cambia totalmente. Se ha venido imbuyendo con este espíritu técnico y burócrata, de tal suerte que Lorenzo Córdova hoy reina en el INE, pero no lo gobierna. Quien gobierna, quien es factor de poder, es Marco Antonio Baños, que es un operador siniestro, al servicio del sistema político, discípulo de Manlio Fabio Beltrones y muy señalado por intervenir y manipular al INE". ¿Quién puede negarlo?

Mientras México y los mexicanos viven en una auténtica austeridad por los efectos de la pandemia y la suspensión de actividades en importantes sectores de la vida pública y privada, los funcionarios del sistema electoral, al igual que los banqueros y los del sistema judicial, quieren vivir como en los tiempos de jauja, cuando los perros se amarraban con longaniza; como cuando les pagaban hasta la risa, nomás que se rieran bonito. Se resisten a abandonar su vida tan cómoda como su irresponsabilidad.

Otro que se resiste al cambio es el juez federal que suspendió los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, a petición de una empresa de energía. El parque solar La Orejana, propiedad de Zuma Energía; alega que esta ley favorece a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad, a costa de compañías privadas. El magistrado determinó que la suspensión debe tener efectos generales, para evitar proporcionar ventaja a dicho productor eléctrico frente a otros participantes del mercado.

A ver, ¿qué es Zuma Energía y por qué se resiste a la prevalencia del interés público? Esta es una firma en la que el fondo de capital inglés Actis tiene el 80%, y el 20% corresponde al fondo Mesoamerica Investments. Lo interesante es que los recursos para crear complejos eléctricos utilizando energía eólica y fotovoltaica, provienen de la banca de desarrollo mexicana, o sea, de fondos públicos. Así lo reconoció el director general de Zuma Energía, Adrián Katzew, quien explicó que usó a: "Los bancos de desarrollo Bancomex, Banobras, Nafin, además del banco comercial Santander, para conseguir 600 mdd para el financiamiento de su parque eólico que se convertirá en el más grande del país. También obtuvo 291 mdd para los parques solares en Orejana, Hermosillo, y el de Santa María, en Chihuahua.

Hacen negocio con dinero público y se oponen a que una empresa pública tenga preponderancia en el abasto de suministro eléctrico para garantizar que este sea seguro, confiable y con precios razonables. 

Detrás de todo esto está Beltrones, a quien la jueza de Andorra Canòlich Mingorance imputó, en 2015, junto con la senadora Sylvana Beltrones y su madre, "por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operación Sonora"; ¡pero, la PGR de entonces los exoneró!