El turbio eje OHL-Edomex-EPN

En la segunda serie de intercepciones telefónicas divulgadas el martes 26 entre Pablo Wallentin, director de Relaciones Públicas de OHL México, y Gerardo Fernández, el director jurídico de la misma empresa, ambos funcionarios del corporativo español acuerdan pagar sobornos a magistrados y arreglar “lo de Tultepec”, en referencia a un caso de amparo de cinco propietarios de un predio de 30 mil metros expropiado de manera irregular por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto para la construcción del Circuito Exterior Mexiquense (CEM).

En la Bolsa Mexicana de Valores las acciones de la compañía disminuyeron 6.39 y 7.14% el miércoles 27 y jueves 28, para cerrar en 20.82 pesos. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, implicado directamente en las concesiones que le han otorgado a OHL en el Estado de México y a nivel federal, anunció una auditoría a los ocho contratos vigentes. Y el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, afirmó que deberán contratarse auditores externos.

Los terrenos de Tultepec a los que hacen mención Wallentin y Fernández en su conversación están relacionados con un tramo de la construcción del CEM, a la altura del pueblo de Santiago Teyahualco. Se trata de una propiedad conocida como Granja Mayté, que les fue expropiada de manera irregular a sus dueños, Juan Arturo, Jorge, Virgilio, Juan y José Schievenini Zanella, desde diciembre de 2009.

Esta familia ganó en 2011 un amparo que le ordenaba al gobierno del Estado de México y a OHL pagarle una indemnización por el terreno de 30 mil metros un total de 50 millones de pesos, pero el caso se entrampó en un incidente de cumplimiento sustituto que terminó en el Cuarto Tribunal Colegiado del Estado de México, cuyos magistrados fueron “premiados” por sus servicios.

El caso de la Granja Mayté, donde se producían alfalfa y leche desde los años sesenta, está documentado en un largo expediente, cuya copia tiene Proceso y que involucra al propio Peña Nieto, quien como gobernador del Estado de México ordenó la expropiación del predio el 24 de agosto de 2009, según la Gaceta del Gobierno del Estado de México, argumentando causa de utilidad pública. Como pago se ofrecieron 10 millones 188 mil pesos, que nunca se entregaron a los -propietarios.

El segundo responsable político es Gerardo Ruiz Esparza, quien como secretario de Comunicaciones estatal fue el encargado de todos los trámites de descripción y negociación previa con la familia Schievenini Zanella para la construcción del CEM, así como una decena más de instancias oficiales, entre éstas el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), responsable de negociar el pago de los derechos de vía para los 110 kilómetros que abarca esta obra, y dependiente de Ruiz Esparza.

Los principales jueces y magistrados implicados en el caso han sido removidos o “premiados” tras frenar el proceso de amparo que promovieron los Schievenini Zanella.

HISTORIA DEL DESPOJO

Entre 2008 y 2009, antes del inicio de la construcción del CEM, autoridades del Estado de México negociaron con los Schievenini Zanella, dueños de la Granja Mayté desde el 22 de febrero de 1962. Les ofrecieron un pago de 200 a 250 pesos por metro por un terreno de 30 mil metros cuadrados. No aceptaron la oferta, pues tenían conocimiento de que en otros casos se habían pagado hasta mil pesos por metro cuadrado.

En esas negociaciones estaban cuando, el 17 de diciembre de 2009, varias personas ingresaron a la Granja Mayté para realizar los trabajos de excavación y delimitación de postes y rejas, dividiendo la propiedad.

Le preguntaron al ingeniero de obra, José Guadalupe Ramírez Miranda, el motivo de la invasión. Él les respondió que el predio había sido expropiado por el gobierno del Estado de México, así que pasaba a formar parte del SAASCAEM, que “entregó la posesión de dicho inmueble a Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V.”, filial de OHL en la construcción del CEM.

Los Schievenini interpusieron una demanda de amparo indirecto el 6 de enero de 2010 porque no fueron notificados previamente del procedimiento de expropiación, porque el decreto expropiatorio de Peña Nieto mentía al señalar que este inmueble “no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad”, cuando ellos eran los legítimos dueños, y porque “existe una contradicción interna en el mismo decreto”. Por un lado, éste se refiere a 28 mil 965 metros cuadrados, y “no es claro en cuanto a la superficie, medidas y colindancias reales expropiadas”.

En su demanda de amparo 17/2010, cuya copia obtuvo Proceso, los propietarios argumentan que no fueron citados debidamente ni se les respetaron el debido procedimiento para defenderse, ofrecer pruebas ni alegar en contra de cada uno de los oficios en los que se basó la expropiación.

De acuerdo con el decreto firmado por Peña Nieto el 24 de agosto de 2009, se ordenó una indemnización por 10 millones 188 mil pesos, dinero “que deberá pagarse a las personas afectadas” con arreglo en el avalúo comercial practicado por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.

El pago sería cubierto por el SAASCAEM en una sola exhibición. Sin embargo, nadie sabe dónde acabó ese dinero porque no les fue entregado a los dueños.

La sentencia de amparo se ganó en los últimos meses de 2011, pero las autoridades mexiquenses presentaron un recurso de revisión ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, con el argumento de que no podían devolver el terreno porque estaba en construcción el CEM.

Desde entonces, dice Schievenini a Proceso, se ha echado mano de varias argucias jurídicas para tratar de determinar el valor del predio expropiado. Un perito independiente, designado por la Procuraduría General de la República, fijó ese valor en 52 millones de pesos, mientras que las autoridades y OHL alegaron que sólo valía 10 millones de pesos.

El caso se entrampó durante todo 2013 y 2014. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito de Naucalpan echó abajo la resolución que ordenaba pagarle 52 millones de pesos a los afectados. La sentencia fue firmada por los magistrados Guillermina Coutiño Mata, Óscar Germán Cendejas Gleason y Yolanda Islas Hernández.

En enero de 2015, el único perito designado por el Consejo de la Judicatura Federal, Manuel González Pérez, volvió a aparecer en la lista: él debe determinar cuál es el valor del terreno. A esa fecha corresponden las grabaciones de Wallentin y Fernández en las que se escucha a ambos acordar darles “una manita” a los magistrados, “como siempre lo habían hecho”.