Urge transformar el sistema de penales

Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, urgió a impulsar una transformación profunda del sistema penitenciario nacional, en particular de los penales estatales.

Lo sucedido en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde murieron 49 personas en una riña, dijo, es una alerta para revisar el resto de los centros y aterrizar, también, una reforma en la materia.

“Tenemos que hacer una transformación profunda, se tiene que hacer una inversión enorme. Reforma, inversión, transformación”, señaló.

Al término de la firma de una carta compromiso para impulsar los derechos humanos en las universidades, el funcionario recordó que el Gobierno federal está alentando una iniciativa que ya está en manos del Senado.

-¿En Topo Chico quién falló, el Gobierno estatal?, se le preguntó.

“Nosotros no echamos culpas, ayudamos para respaldar, para solucionar, y sin lugar a dudas ahí hubo colusión o acciones que desde las autoridades locales”, dijo.

“Me refiero del propio Cereso, dejaron que sucedieron esos hechos tan lamentables”.

Osorio Chong aclaró que los penales federales no tienen sobrepoblación y presumió que, gracias a las supervisiones que realizan las fuerzas federales, ha habido muy pocas fugas en el sexenio.

PIDE SENADO

ERRADICAR LOS ABUSOS

El pleno del Senado aprobó, por unanimidad, un exhorto para que las autoridades estatales apliquen acciones urgentes que permitan prevenir y erradicar las violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios de todo el país.

Legisladores de todos los partidos pidieron a los gobiernos estatales atender de manera particular las condiciones estructurales que incentivan la violencia y la ingobernabilidad al interior de los penales.

También solicitaron a la Secretaría de Salud federal y de los estados fortalecer los programas de prevención y atención, dirigidos a los internos.

Pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregar un informe sobre el estado que guarda cada una de las recomendaciones emitidas, tanto a autoridades federales como locales, así como el avance en su cumplimiento.

Lo mismo demandaron a los organismos estatales, para que canalicen la información a la CNDH.

El exhorto del Senado fue aprobado a propuesta de la bancada del PAN.

La senadora Mariana Gómez del Campo aseguró que el estado en el que se encuentran las cárceles del País es lamentable.

En el punto de acuerdo, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se asegura que en los centros penitenciarios existe autogobierno, cogobierno, sobrepoblación, hacinamiento, falta de atención de higiene en las instalaciones y dormitorios, así como inadecuada alimentación en calidad y cantidad.

También se reportan revisiones impropias a visitantes, desatención y falta de precisión jurídica en la concesión de los beneficios de libertad anticipada, además de la imposición de sanciones disciplinarias.

“Dicha realidad penitenciaria constituye un grave problema de inseguridad pública que trasciende la vulneración estructural de los derechos de las personas, pero que se extiende además a los visitantes y familiares, lo que nulifica los fines de ganas de protección de derechos humanos establecidos en la Constitución”, expresó la presidenta de la Comisión, la perredista Angélica de la Peña.

Envían a reclusorio a dos exdirectivos

Por Rubén Peña Calvillo/Corresponsal /  Monterrey, N.L.

 Un juez de control determinó ayer someter a proceso penal e internar en el Penal del Topo Chico a la exdirectora de dicho reclusorio, Gregoria Salazar Robles y al exsubcomisario penitenciario, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, por la reciente muerte allí de 49 reos en un motín.

Ambos se encontraban detenidos provisionalmente en la cárcel de la Secretaría de Seguridad de Monterrey, ante el riesgo de sufrir un atentado, pero tras el fallo solicitaron ser ingresados al Penal, al descartar riesgos y requerir mejores condiciones de reclusión.

Los acusados comparecieron durante 9 horas ante el Juez de la causa, ante quien negaron los cargos de homicidio calificado y abuso de autoridad, además de alegar que fueron violados sus derechos en este proceso.

Pese a ello, el juzgador consideró tener elementos suficientes para dejarlos presos en el Penal, donde a la medianoche del pasado 10 de febrero se originó un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de presos, con saldo de 49 muertos.

Así, fue validada la petición de vinculación a proceso que hizo un Ministerio Público de la Procuraduría estatal.

En las respectivas carpetas judiciales, el fiscal acusó a los exservidores públicos de permitir en el reclusorio el autogobierno de la delincuencia y que los reos anduvieran fuera de sus celdas a toda hora, lo cual propició el motín por omisión.

Los imputados alegaron que habían notificado de las irregularidades a superiores de la anterior administración estatal y la actual, pero no les hicieron caso.

Por su parte, el abogado defensor del ex subcomisario penitenciario solicitó las comparecencias del comisario penitenciario, Juan Antonio Caballero, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Cuauhtémoc Antúnez. 

 A su vez, el procurador de Justicia, Roberto Flores anunció la noche del pasado miércoles en rueda de prensa, la captura de un tercer funcionario implicado en los hechos, el ex subdirector del Penal, Arturo Bernal.

Precisó que Bernal enfrenta los mismos cargos que la ex directora y el ex subcomisario penitenciario.

 Aseveró que los tres podrían alcanzar la pena perpetua, de mil 200 años de prisión, nunca antes impuesta en Nuevo León.

 Lo anterior, por su presunta participación en el enfrentamiento entre grupos antagónicos de reos, que dejó un saldo oficial de 49 muertos y 12 heridos.

PIDEN CESE DEL  DIRECTOR DEL PENAL  DE APODACA

En tanto, diputados locales exigieron ayer el cese del director del Penal de Apodaca, luego de que el pasado miércoles fuerzas estatales hallaron celdas de lujo, droga y otras irregularidades, similares a las del reclusorio Topo Chico, en una revisión. 

 Los legisladores, Héctor García, del PRI; Arturo Salinas, del PAN  y Samuel García, de Movimiento Ciudadano urgieron al gobierno independiente a que el siguiente cateo sea en el Penal de Cadereyta, donde sospechan las mismas canonjías.