Urge Cepal a México incrementar la inversión pública y duplicar el salario mínimo

La inversión pública y un incremento sustancial del salario mínimo, hasta duplicarlo, deben ser dos de los ejes principales del cambio de modelo económico en México. Así de contundente se muestra, en entrevista con EL PAÍS, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. "Ambas acciones son fundamentales", subraya la jefa del brazo de la ONU para el desarrollo económico en la región. "Apuntalando la inversión y propiciando un incremento de los salarios estaría reforzando también el mercado interno. Es exactamente lo que hizo Lula [Da Silva] cuando llegó a la presidencia de Brasil: consumo masivo más ingreso, con señales de confianza y grandes inversiones en su primer periodo. Y llegó a sacar a 40 millones de la pobreza, que pasaron a formar parte del mercado". Un mensaje a navegantes en pleno periodo de transición en la presidencia mexicana.

El presidente electo, López Obrador, hizo de la recuperación del salario mínimo y del incremento de la inversión pública una de sus bazas electorales durante la campaña que concluyó con su triunfo en los comicios del pasado 1 de julio. En el primer caso, la propuesta del próximo presidente pasa por elevar el piso cada año de aquí a 2024 para cerrar ese ejercicio en 171 pesos (nueve dólares), frente a los 88 actuales. También prevé duplicarlo en la zona fronteriza. Bárcena ve completamente factible elevarlo, incluso a muy a corto plazo. "México no ha hecho su deber ahí: por lo menos hay que subir el salario mínimo hasta la línea de la pobreza. ¿Qué menos? Si no incrementas la base salarial, el equilibrio se rompe. Un país como este no se puede permitírselo", sentencia. "Siempre, claro está, aumentando la productividad y con políticas sociales que acompañen".

Un estudio publicado en agosto del año pasado por la propia Cepal demostró que el aumento del suelo salarial de 2012 y 2013 —tomado como muestra para la investigación— no solo no generó los efectos negativos sobre el mercado laboral que algunos economistas auguraban, sino que trajo consigo aspectos positivos: las personas que tenían un trabajo formal antes del incremento incrementaron la probabilidad de retenerlo y quienes tenían un trabajo informal vieron cómo las posibilidades de transitar hacia la formalidad subían.

En diciembre del año pasado el Gobierno en funciones, del PRI, elevó el salario mínimo en un 10% —de 80 pesos a 88—, un incremento mayor que el de los precios —que cerraron el año con una subida del 6,8%—, pero insuficiente para sobrepasar el umbral de la pobreza y para que México abandonase el vagón de cola latinoamericano en este indicador. El todavía secretario (ministro) de Trabajo, Roberto Campa, ha dejado claro que la decisión sobre el aumento o no del salario mínimo el próximo mes de enero corresponderá al nuevo Gabinete.

La carestía a la que condenan los sueldos más bajos de México no solo ha sido denunciada por organizaciones sociales y académicos: hasta la mayor patronal del país norteamericano, la Coparmex, ha reiterado por activa y por pasiva su voluntad de elevar el umbral hasta al menos 102 pesos diarios. Una meta ya inalcanzable para el cierre de 2018, pero que, según la Cepal, sí podría lograrse el próximo año. Según los cálculos —a partir de cifras oficiales— de David Kaplan, técnico del Banco Interamericano de Desarrollo especializado en el mercado laboral mexicano, algo más de 8,7 millones de trabajadores ganaban el equivalente a un salario mínimo o menos en el segundo trimestre del año. De ellos, 4,2 millones eran independientes, casi cuatro millones eran subordinados del sector informal y medio millón eran subordinados formales.