Una investigación pone bajo la lupa al jefe de las cárceles federales mexicanas
Septiembre 19, 2021 -
Será imputado por ejercicio indebido de atribuciones y facultades debido a presuntas irregularidades en contratos de construcción
El responsable de vigilar y operar los penales de alta seguridad del gobierno mexicano, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser imputado por ejercicio indebido de atribuciones y facultades debido a presuntas irregularidades en los contratos para construir y operar ocho penales federales.
Funcionario en activo, Martínez Castuera funge en la actualidad como coordinador de Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por lo que tiene a su cargo el funcionamiento de los Centros Penales Federales que operan bajo los contratos de prestación de servicios (CPS) y los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
En ambos casos se trata de las cárceles de mediana y alta seguridad para internos acusados de delitos federales; las primeras, bajo control de la iniciativa privada para el manejo de sus recursos financieros, y las segundas, bajo la operación directa del gobierno federal tanto a escala administrativa como de seguridad.
En los documentos a los que Proceso tuvo acceso se acusa al general de División con maestría en Seguridad Nacional de utilizar su actual cargo en la administración pública para colocar en puestos directivos del Instituto Nacional de Migración (Inami) a su hermano Héctor Leoncio Martínez Castuera y a su hija Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo.
De acuerdo con la denuncia, Héctor Martínez Castuera se desempeña como director general de la Coordinación de Oficinas de Representación del Inami, mientras que Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo es subdirectora de Migración para Asuntos de Centroamérica y el Caribe, de la Dirección General de Protección al Migrante del propio Inami.
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En la carta enviada al presidente López Obrador se afirma que el nexo del militar con el funcionario de Migración es el actual comisionado del Inami, Francisco Garduño Yáñez, hombre que goza de toda la confianza del mandatario.
En el arranque del actual gobierno Garduño Yáñez fue nombrado comisionado de Prevención y Readaptación Social, cargo al que renunció el 14 de junio del 2019 cuando el presidente López Obrador lo designó titular de Migración.
Sin embargo, durante su actuación al frente del OADPRS, Garduño nombró al general Martínez Castuera coordinador general de las cárceles federales, cargo que el militar conservó tras la llegada a ese organismo de José Ángel Ávila García como nuevo comisionado de Prevención y Readaptación Social.
ENVÍAN MISIVA
En la misiva enviada a López Obrador también se advierte que el actual director general de Control y Verificación Migratoria del Inami, Antonio Molino Díaz, es otro de los señalados en la causa penal que la FGR presentó ante un juez federal, para tratar de imputar a tres funcionarios en activo y a 17 exservidores públicos en el caso de las ocho cárceles federales que fueron entregadas a consorcios privados para su construcción y operación por un periodo de 22 años.
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