Topo Chico el secretario que vio todo y no actuó

El subcomisario de Administración Penitenciaria de Nuevo León, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, como parte de su defensa señala que el secretario de Seguridad Pública del Estado (SPE), general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, estaba presente en el Penal de Topo Chico durante la riña que cobró la vida de 49 internos y sin embargo no ordenó el despliegue de una fuerza policiaca para controlar la violencia.

 “El general Antúnez vio todo y no actuó. Estaba ahí, y yo con él, viendo los monitores en el momento en que todo ocurría”, dice el exfuncionario, entrevistado en los locutorios de la cárcel de la Policía Regiomontana, en el Parque Alamey, mientras espera que se resuelva su situación jurídica.

Acusado de homicidio calificado y abuso de autoridad por la masacre del miércoles 10, Domínguez Jaramillo exhibe un mensaje de Whatsapp, en el cual alertó oportunamente a Antúnez Pérez del incidente.

El procurador estatal, Roberto Flores Treviño, anunció el viernes 12 que tres trabajadores del sistema penitenciario estatal fueron detenidos por la misma razón. Al día siguiente se aclaró que se trataba de Domínguez Jaramillo y la directora de Topo Chico, Gregoria Salazar Robles, así como el celador José Reyes Hernández Aguilar, quien durante la riña mató a un interno de un balazo en la espalda.

La defensa del subcomisario indica que los elementos de la Fuerza Civil ingresaron después de los hechos y que el secretario de Seguridad, presente en el lugar, pudo disponer de mayores recursos para restablecer el orden.

De acuerdo con un reporte interno del que Proceso tiene copia y que fue entregado por el jefe de guardia de la penitenciaría, Rogelio Rodríguez García, el día de la masacre no había candados para las celdas, porque no hubo dinero para comprarlos. Para la defensa, esa fue la causa de que los reos salieran de las celdas y cometieran las agresiones, no que así lo permitieran los directivos del penal, que tiene 3 mil 800 internos.

Luego de la riña, Domínguez Jaramillo fue citado en las oficinas de la SPE, de la que dependen los tres penales de Nuevo León. El viernes 12, al salir de una de esas reuniones, fue apresado.

El lunes 15, por orden del juez de control Alfredo Iram Cázares Ayala, fue allanado el domicilio de Domínguez Jaramillo en la colonia Cumbres a fin de hallar el teléfono iPhone 6 Plus desde el cual envió mensajes de texto, mediante Whatsapp, al general Antúnez.

También han sido mostrados mensajes en un teléfono Samsung. Con ellos quiere demostrar que tanto él como la directora Salazar Robles siguieron la cadena de mando al notificar el incidente del reclusorio, que según la versión oficial empezó a las 23:30 horas. El gobierno informó que la autoridad recuperó el control del lugar a las 01:30 del jueves 11.

ACUSACIÓN “SIN SUSTENTO”

El abogado Mario Isidro Franco Villa, representante legal de Domínguez Jaramillo y Salazar Robles, explica que los dos enfrentan los mismos cargos: homicidio calificado y abuso de autoridad. No obstante, indican que el Ministerio Público carece de elementos para comprobar su acusación:

 “Se les acusa de acordar previamente que esas personas se mataran. Yo pienso que no existe ningún delito que se les pudiera atribuir. Ellos no llevaron a cabo una acción u omisión que pudiera constituir la violación a una norma penal. El origen de la riña que se suscitó dentro del penal compete a otras personas”, dice.

El procurador Flores Treviño explicó que la masacre fue generada por la disputa del control interno entre los líderes zetas Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, y Juan Pablo Saldívar Farías, el Z-27.

Franco Villa explica que la figura jurídica del homicidio calificado no puede estar precedida de la definida como homicidio en riña, por lo que, con base en el informe del procurador, “materialmente es imposible que ellos hayan llevado a cabo esa acción criminal”.

El defensor relata que la noche del miércoles 10, la directora del penal ya había concluido su jornada laboral y, ya de noche, estaba en su domicilio en Apodaca cuando se le informó que una riña se había iniciado a las 23:30 horas en las áreas C2 y C3.

Según el recuento de su abogado, Salazar puso al tanto de los hechos a Domínguez Jaramillo. A su vez, este mando le comunicó la situación al general Antúnez Pérez e intentó contactar al comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, Juan Antonio Caballero Delgadillo, pero no lo consiguió.

Como muestra de la comunicación que sostuvo con Antúnez, Domínguez muestra un mensaje de Whatsapp, fechado el miércoles 10 a las 23:52 horas, en el cual le comunica al secretario textualmente: “General Antúnez Pérez buenas noches!, le informo que se está presentando una riña en el topo Chico. Me dirijo hacia allá y le informo más tarde del resultado. Caballero Delgadillo no me contesta. A la orden!”.

También a las 23:52, de inmediato, responde Antúnez por el mismo medio: “Eso lo deben prever”.

Aunque Antúnez fue informado minutos después de que se inició el brote de violencia, los policías estatales no intervinieron de inmediato, dice el abogado Franco Villa.

Como pruebas de la presencia del general Antúnez Pérez en el momento de la riña, dice que existe una bitácora donde se establece la hora en que fueron lanzadas las alertas y quiénes las recibieron. Además, hay videos internos que la defensa pidió para verificar la hora en que llegó el secretario de SPE.

Considera que los inculpados probablemente son los “chivos expiatorios”. Salazar Robles y Domínguez Jaramillo permanecieron en Topo Chico hasta el día siguiente, jueves 11. El viernes 12, a las 13:00, fueron transportados de la penitenciaría al cuartel de SPE, donde tendrían que reunirse con el secretario Antúnez, pero no lo vieron. Al salir del edificio fueron aprehendidos, por lo que la defensa asume que los citaron para detenerlos.

 CÁRCEL SIN CANDADOS

Franco Villa dice que hasta el jueves 18, las dos personas se encontraban tranquilas, en espera de que la ley los favorezca.

 “No hay un indicio –insiste el abogado– por el cual pueda determinarse que ellos han acordado o preparado, previamente, la comisión del delito con el resultado que todos conocemos. Porque aquí no hay premeditación, alevosía, ventaja o traición, ni ninguna calificativa que se les pudiera atribuir a ellos como responsables del delito de homicidio calificado.”

El juez Cázares Ayala pidió un informe sobre la situación que prevalecía en el interior del penal la noche de los acontecimientos. El reporte, fechado el 16 de febrero de 2016, fue entregado en respuesta al oficio 3616/2016 por el jefe de seguridad del penal, comandante Rogelio Rodríguez García, al subdirector jurídico del centro penitenciario, Sergio Javier Ramírez Meléndez, quien fue designado encargado del penal tras la matanza.

El parte se establece: “No existe una persona encargada de abrir y cerrar candados. Debido a la falta de recursos económicos y materiales no se contaba con candados en las celdas, salvo en las áreas de celdas denominadas: Unidad de Reflexión y la Clínica de Adicciones”.

Además, precisa que la noche de la matanza estaba en funciones la Guardia 2, con turno de 19 horas a las 07:00 del día siguiente. Eran 49 custodios para vigilar a 3 mil 800 internos. En esa guardia debe haber 62 custodios, pero seis estaban de vacaciones, dos en su día de descanso y cinco tenían incapacidad por salud.

El penal consta de dos grandes secciones: el área vieja y la zona nueva ampliada. En esta última, donde permanecía El Credo, estallaron los disturbios. Para toda esa zona, denominada de Ampliación, había sólo tres guardias, según el reporte.

Franco Villa dice que el fiscal responsabilizó a Domínguez Jaramillo y a Salazar Robles de haber permitido que los ambulatorios o dormitorios estuvieran abiertos, lo que hizo posible la batalla entre grupos rivales.

Alega que esa es una imputación imprecisa, pues el reporte del comandante Rodríguez García especifica que, por carencia de presupuesto, no había dispositivos para mantener a los internos en las celdas.