Pretenden homologar política de deportación
Procura se dé la aprobación de la Corte Suprema sobre el tema
WASHINGTON
El gobierno de Biden solicitó a la Corte Suprema que le permita implementar una guía que priorice la deportación de personas ilegales en el país, que representan el mayor riesgo para la seguridad pública.
La solicitud de emergencia al tribunal sigue a las decisiones contradictorias de los tribunales federales de apelaciones en los últimos días sobre una directiva de septiembre del Departamento de Seguridad Nacional que detuvo la deportación a menos que las personas hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
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La corte federal de apelaciones de Cincinnati anuló la orden de un juez de distrito que suspendió la política en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.
Pero en una demanda separada presentada por Texas y Luisiana, un juez federal de Texas ordenó que se suspendiera a nivel nacional la guía y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.
La administración recurrió a la Corte Suprema en este último caso, solicitando que se permitiera implementar la política en todo el país, o al menos, en todas partes fuera de Texas y Louisiana.
La orden del juez “está interrumpiendo los esfuerzos del DHS para concentrar sus recursos limitados en los no ciudadanos que representan la amenaza más grave para la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de las fronteras de nuestra nación”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en la presentación de la Corte Suprema.
La guía, emitida después de que Joe Biden se convirtió en presidente, actualizó una política de la era Trump que expulsaba ilegalmente a las personas del país independientemente de sus antecedentes penales o vínculos comunitarios.
Aunque no estaban de acuerdo en muchos aspectos del tema de la inmigración, las dos administraciones encontraron puntos en común en un aspecto, al pedir que la corte limite el poder de los “jueces de distrito único para dictar la política nacional”.
Prelogar, siguiendo a sus predecesores en la administración Trump, lamentó una explosión de demandas presentadas por estados de un partido contra un presidente del otro partido. Demasiadas de esas demandas, escribió, resultaron en órdenes con efecto a nivel nacional. Los jueces típicamente deciden casos de manera que solo afectan a las partes ante ellos.
Los estados tienen hasta el miércoles para responder, y no se espera una orden de la Corte Suprema antes de fines de la próxima semana.
Un inmigrante considerado una amenaza para la seguridad espera ser procesado.
Caso Texas
La solicitud de la administración de Biden se produce un día después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitiera una orden ejecutiva que autoriza a las fuerzas estatales a detener a los migrantes y devolverlos a la frontera entre EU y México, superando los límites de sus poderes de aplicación y los crecientes esfuerzos del republicano para frenar el creciente número de cruces.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando se le preguntó el viernes sobre la orden, dijo que “la aplicación de la ley de inmigración es una autoridad federal y los estados no deberían entrometerse en ella. Eso es justo, especialmente el gobernador de Texas Abbott, quien tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera”.
No estaba claro cómo se llevaría a cabo la orden de Abbott en el terreno o si ya se habían realizado detenciones o transportes. Ericka Miller, vocera del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que la agencia de policía estatal no podía discutir detalles operativos.
Unilaterales
- El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Chris Magnus, hablando en una conferencia de prensa en Washington, dijo que su agencia tiene un interés compartido con el DPS de Texas y otras agencias “en mantener un proceso de inmigración seguro, ordenado y humano”.
- “Estamos listos para trabajar con Texas para lograr estos objetivos, pero el desafío es cuando cualquier estado como Texas toma medidas unilaterales que nos dificultan hacer esto”, dijo.