Impugnan norma de asilo: Demandan grupos defensores al Gobierno Federal

WASHINGTON, DC.- Una coalición de grupos defensores de los inmigrantes demandó el miércoles al Gobierno federal por la reciente directriz del presidente Joe Biden, que prácticamente suspende las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, argumentando que no es muy distinta a una acción similar de la presidencia de Donald Trump que los tribunales bloquearon.

La demanda —presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros organismos a nombre de los grupos activistas Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES)— representa la primera ocasión en que se pone a prueba la legalidad de las amplias restricciones de Biden en la frontera sur, que se produjeron tras meses de deliberaciones internas en la Casa Blanca y con las que se pretende, en parte, desviar los ataques al presidente por su manejo de la inmigración.

"Al implementar una prohibición al asilo que es jurídicamente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no tuvimos más opción que presentar esta demanda" LEE GELERNT, Abogado de la ACLU

"Al implementar una prohibición al asilo, que es jurídicamente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no tuvimos más opción que presentar esta demanda", dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

La orden que Biden emitió la semana pasada limitaría la tramitación de solicitudes de asilo una vez que el número de encuentros con migrantes entre los puertos de entrada llegue a 2.500 al día. La medida entró en vigor de inmediato debido a que las últimas cifras disponibles eran mucho más altas, de aproximadamente 4.000 encuentros diarios.

Las restricciones permanecerán vigentes hasta dos semanas después que la cifra de esos encuentros diarios entre puertos de entrada se ubique en o por debajo de 1.500 al día durante un promedio de siete días. Pero está lejos de quedar en claro cuándo es que los números alcanzarían niveles tan bajos; la última vez fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

Pero los activistas argumentan que suspender el asilo para los migrantes que no lleguen por un puerto de entrada específico —algo que el gobierno de Biden está tratando que hagan— viola la actual Ley Federal de Inmigración, entre otras inquietudes.

"Desde hace mucho tiempo, Estados Unidos ha dado albergue a refugiados que buscan resguardarse de persecuciones. La Ley de Refugiados de 1980 consagró ese compromiso nacional dentro de una ley. A pesar de que en el transcurso de los años el Congreso ha implementado algunas limitaciones al derecho al asilo, nunca ha permitido que el Poder Ejecutivo prohíba categóricamente el asilo basándose en el lugar por el que una persona que no es ciudadana ingresa al país", escribieron los grupos en la demanda.

Biden invocó la misma autoridad jurídica que utilizó el gobierno de Trump para su prohibición al asilo, que corresponde a la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si su ingreso se considera "perjudicial" para los intereses del país.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar sobre la demanda, pero indicó: "La norma para proteger la frontera es legal, es crucial para reforzar la seguridad fronteriza, y ya está teniendo impacto. Las acciones impugnadas permanecen en vigor y seguiremos implementándolas".

Los grupos de defensa de inmigrantes argumentan en la demanda que las excepciones son "extremadamente limitadas".

La Casa Blanca refirió las preguntas sobre la demanda al Departamento de Justicia, que se negó a comentar. Angelo Fernández Hernández, portavoz de la Casa Blanca, defendió la orden de Biden, señalando en un comunicado que era necesaria después que los republicanos del Congreso bloquearon un acuerdo bipartidista que "habría brindado recursos cruciales, cambios legales y personal adicional a la frontera".

• Los migrantes que empleen una app llamada CBP One mientras se encuentran en México para programar una cita con un funcionario en un cruce fronterizo oficial, ello con el objetivo de ingresar a Estados Unidos, están exentos de estas nuevas restricciones al asilo. La app forma parte de las labores del gobierno para alentar a los migrantes a utilizar vías legítimas para entrar al país, en lugar de simplemente cruzar la frontera y entregarse a un agente de la Patrulla Fronteriza.

DETALLAN UNA LISTA DE QUEJAS

Pero los activistas detallaron en su demanda una lista de quejas sobre la aplicación, por ejemplo, muchos de los migrantes no cuentan con un plan de datos en sus celulares ni acceso a Wi-Fi para poder usarla. Algunos migrantes no hablan uno de los idiomas en los que viene la app y algunos otros son analfabetas. Y además, sólo hay un número limitado de citas diarias, en comparación con el de migrantes que quieren entrar al país. "Como resultado, innumerables solicitantes de asilo se han visto obligados a esperar por tiempo indefinido en condiciones precarias en México con la esperanza de obtener una de las pocas citas", asegura la denuncia. Los otros grupos que interpusieron la demanda junto con la ACLU son el National Immigrant Justice Center, el Center for Gender & Refugee Studies, Jenner & Block LLP, la ACLU del Distrito de Columbia y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.