Caen 16 por tráfico de cocaína y armas

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HOUSTON, Texas.- Varios extranjeros que residen ilegalmente en el área de Houston están ahora bajo custodia por cargos de tráfico de drogas y armas luego de una operación policial dirigida a ciudadanos venezolanos y presuntos miembros o asociados de la organización criminal transnacional Anti-Tren, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Los cargos alegan que Anti-Tren es una organización criminal compuesta casi exclusivamente por exmiembros y socios del Tren de Aragua (TdA). Al igual que el TdA, los objetivos de Anti-Tren incluyen preservar y proteger el poder y el territorio de la organización, así como el de sus miembros y socios, mediante intentos de asesinato, otros actos de violencia y amenazas de homicidio. Esto incluye atacar a miembros y socios del TdA y enriquecerlos mediante, entre otras cosas, el tráfico de armas de fuego y sustancias controladas, según los cargos.

Dos denuncias penales acusan a 14 miembros y asociados de Anti-Tren de conspiración para poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína. Estos incluyen a Luis Miguel Claros Sarmiento, 26, Dany E. Rojas, 28, Ismael León Belbin, 24, Andy Luis Álvarez Herrera, 28, César Oskeiber Cabezas Pacheco, 26, y César Mauricio Velásquez, 27; Los nacionales venezolanos Raúl Armando Ramírez Correa, 24 años, Darwin Martínez, 37 años, Peter Dávila, 34 años, Otis José Rodríguez García, 31 años, Pedro Hernández Delgado, 19 años, Jesús F. Fernández Troconiz, 26 años, Embeer J. Gutiérrez Ternawskyj, 24 años, así como Raúl Antonio Claros Sarmiento, 30 años, Honduras.

Según las denuncias, dos grupos de personas acordaron transportar cantidades de un kilogramo de cocaína a cambio de 15.000 dólares por cada carga, y cada grupo aceptó la mitad como pago por adelantado.

"Las dos prioridades del Distrito Sur son asegurar nuestra frontera y erradicar la delincuencia violenta. Este caso implica ambas", dijo Ganjei. "La Operación Take Back America implica tomar la ofensiva contra las organizaciones criminales transnacionales para asegurar que no puedan arraigarse en nuestra comunidad y poner en peligro la seguridad pública. El Distrito Sur no se arrepentirá de llevar a cabo esa misión".

"Estos arrestos representan el mayor operativo contra presuntos miembros y asociados de Anti-Tren realizado por el FBI hasta la fecha, y se llevaron a cabo aquí mismo en Houston", declaró el agente especial a cargo Douglas Williams, de la Oficina de Campo del FBI en Houston. "Estos individuos están acusados de participar en una disputa territorial con miembros de TdA y de perpetrar numerosos delitos violentos en nuestra ciudad, incluyendo un tiroteo masivo en un bar deportivo local que dejó seis heridos. Afortunadamente, por el bien y la seguridad de nuestra comunidad, estos individuos se encuentran ahora bajo custodia federal y enfrentan la justicia estadounidense".

Si son declarados culpables, se enfrentarán a cadena perpetua y una posible multa de 10 millones de dólares.

Correa, Ternawskyj, García, Delgado y Pedro José Ramírez Delgado, de 26 años, también están acusados por separado de varios delitos relacionados con armas de fuego, basados en su presunta posesión y venta. De ser declarados culpables de estos cargos, podrían recibir hasta 15 años de prisión.

José Miguel Briceño, de 25 años, ciudadano venezolano que residía ilegalmente en Houston, está acusado por separado de posesión ilegal de municiones por parte de un extranjero. La denuncia penal alega su participación en un tiroteo masivo ocurrido en el club Latinas Sports Bar de Houston en marzo, donde seis personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico. Según la denuncia, Briceño disparó con un arma de fuego dentro de la puerta del bar y luego la desechó, la cual las autoridades nunca encontraron. De ser declarado culpable, enfrenta hasta 15 años de prisión y una posible multa de hasta $250,000.

La oficina de campo del FBI en Houston llevó a cabo esta investigación con la asistencia de la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Operaciones de Deportación y Control de Aduanas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Houston y la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.  

Los fiscales federales adjuntos Casey N. MacDonald y Anibal J. Alaniz están procesando el caso junto con Jason Harley de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan (JTFV) del Departamento de Justicia. 

Una denuncia penal es una acusación formal de conducta delictiva, no una prueba. Se presume la inocencia del acusado a menos que sea condenado mediante el debido proceso legal.