Los acusan de conspirar para traficar con armas
Un hombre de Texas y un ciudadano mexicano han sido acusados de presuntamente intentar comprar armas de fuego en los Estados Unidos para cruzar la frontera hacia México
Octubre 18, 2024 -
MISSION, Texas
Un hombre de Texas y un ciudadano mexicano han sido acusados de presuntamente intentar comprar armas de fuego en los Estados Unidos para cruzar la frontera hacia México, anunció el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.
Un gran jurado federal ha presentado una acusación formal de tres cargos contra Jorge Alberto Morales-Calvo, de 25 años, de México, y Homero Arteaga Jr., de 45 años, de Mission.
Acusados originalmente mediante denuncia penal y bajo custodia, se espera que comparezcan para su lectura de cargos ante un juez magistrado de Estados Unidos en un futuro próximo.
En septiembre, Morales-Calvo y Arteaga supuestamente fueron a Zapata para comprar un rifle calibre .50 y una pistola FN Five-Seven. Los cargos indican que les entregaron una bolsa que contenía 16.850 dólares en moneda estadounidense falsificada para comprar las armas de fuego.
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Según la denuncia, Morales-Calvo y Arteaga llegaron en una camioneta negra al punto de encuentro predeterminado, momento en el que Arteaga inspeccionó las armas de fuego. Después de recuperar el dinero falso para la transacción, Arteaga supuestamente agarró el estuche que contenía las armas de fuego e intentó colocarlas en la parte trasera de la camioneta.
Los cargos sostienen que Morales-Calvo se percató de la presencia de las autoridades e intentó huir, dejando atrás a Arteaga. Las fuerzas del orden detuvieron rápidamente a ambos hombres, según la denuncia.
Las armas de fuego estaban destinadas a ser entregadas en México, según los cargos.
Si son declarados culpables de conspiración, ambos hombres enfrentan hasta 15 años en prisión federal y una posible multa máxima de $250,000. Arteaga y Morales-Calvo también están acusados de posesión ilegal de un arma de fuego y posesión ilegal de un arma de fuego, respectivamente, y enfrentan 10 años adicionales en prisión federal, si son condenados.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos realizó la investigación con la asistencia del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Patrulla Fronteriza.
El fiscal federal adjunto Andrew P. Hakala-Finch está a cargo del caso.