Acepta ser traficante de humanos
Se declara culpable de transportar e introducir a un extranjero al país, reingresar ilegalmente y estar en posesión de un arma
La CBP llevó a cabo la investigación con la asistencia del FBI y la Oficina del Sheriff de Cameron.
Un ciudadano mexicano, de 39 años, se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con un incidente de tráfico de personas ocurrido a principios de este año, anunció el fiscal federal, Nicholas J. Ganjei en un comunicado de prensa.
Alejandro Ramírez Carranza, de Matamoros, Tamaulipas, México, admitió haber transportado e introducido a un extranjero a Estados Unidos, así como haber reingresado ilegalmente al país y estar en posesión de un arma de fuego. El ciudadano mexicano Isaac Azuara Vásquez, de 39 años, se declaró culpable el 10 de abril de los mismos cargos relacionados con el tráfico de personas, así como de haber vendido un arma de fuego a Ramírez Carranza, un inmigrante indocumentado.
El 12 de febrero, las autoridades realizaban vigilancia en una zona conocida por el tráfico de inmigrantes, drogas y armas, cuando escucharon un barco en el Río Grande que llegaba desde México. Tras escuchar a un individuo en español que gritaba a la gente que corriera, las autoridades presenciaron una camioneta que se dirigía al río. Se detuvo en la orilla, y varios individuos salieron corriendo de entre la maleza y comenzaron a subirse a la parte trasera de la camioneta.
Azuara Vásquez conducía y había llevado un arma de fuego tipo AR-15 al lugar. Ramírez Carranza, de pie junto al vehículo, recuperó el arma y echó a correr hacia la parte trasera de la camioneta. Ignoró las múltiples órdenes de detenerse y soltar el arma.
La investigación reveló que Ramírez Carranza era el guía del río y que había conspirado con Azuara Vásquez para transportar y contrabandear a los individuos encontrados en la parte trasera de la camioneta. Una investigación indicó que Ramírez Carranza lo trajo a través del Río Grande en bote y que sus familiares estaban pagando para que lo introdujeran ilegalmente a Estados Unidos.
Ramírez Carranza tiene condenas por delitos graves por uso no autorizado de un vehículo motorizado y reingreso ilegal tras su deportación. Su última expulsión de Estados Unidos fue en septiembre de 2009.
“Lo único peor que participar en el tráfico de personas es llevar un arma para facilitar la operación”, dijo Ganjei. “El rifle estaba allí por una razón, y afortunadamente, el plan fue interceptado antes de que el arma de fuego pudiera usarse contra un terrateniente inocente o un agente del orden público”.
El juez federal de distrito Rolando Olvera impondrá la sentencia a Azuara Vásquez y Ramírez Carranza el 2 y el 30 de julio, respectivamente. En esos casos, ambos enfrentan hasta 10 años de prisión por el cargo de transporte y por introducir a un extranjero en Estados Unidos, así como un máximo de 15 años por cada uno de sus respectivos delitos relacionados con armas de fuego. Ramírez Carranza enfrenta otros 10 años por reingreso ilegal. Todas las condenas también conllevan posibles multas de hasta $250,000. Ambos han estado y permanecerán bajo custodia a la espera de su sentencia.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevó a cabo la investigación con la asistencia del FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron. El fiscal federal adjunto, Ángel Castro, fue el fiscal del caso.
Este caso forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.