Tardan 22 días en emitir alerta por desaparición de niña
Enero 07, 2019 -
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 83/2018, al gobernador de Tlaxcala por violar los derechos humanos de acceso a la justicia de cuatro personas y el interés superior de la niñez de una menor de once años desaparecida
Ciudad de México
El 13 de enero de 2016 un portal de noticias publicó la noticia de la desaparición de una niña de 11 años que salió de su casa en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, rumbo a la escuela y no regresó; por ello, sus padres presentaron una denuncia ante la Procuraduría estatal, autoridad que no emitió la "Alerta AMBER Tlaxcala", como lo establecen los protocolos en caso de desaparición de personas menores de edad, y únicamente inició un Acta Circunstanciada.
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En la nota publicada se señala que esa autoridad tampoco proporcionó a los padres copia de la declaración, además de que se les prohibió difundir la fotografía de la niña, "para no obstaculizar" el trabajo de las autoridades. Los papás recurrieron también a la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla por la desaparición y por la probable comisión del delito de trata de personas en agravio de su hija.
Tras concluir sus investigaciones, la CNDH confirmó que las autoridades de la Procuraduría de Tlaxcala "indebida y tardíamente" emitieron una Pre-Alerta AMBER, tres días después de la denuncia de los padres, por lo que no se difundió en medios de comunicación aun cuando se necesitaba comenzar de inmediato la difusión a fin de lograr la búsqueda y localización de la niña.
"Se acreditó que esa procuraduría estatal dio aviso a la Coordinación de Alerta AMBER México para la activación de dicho mecanismo a nivel nacional hasta el 4 de febrero de 2016, 22 días después del reporte de desaparición, por lo que hasta esa fecha fue puesto en marcha; además se radicó una Acta Circunstanciada en lugar de una averiguación previa omitiendo elevarla a dicha calidad sin justificar el motivo".
El organismo nacional acreditó que las autoridades omitieron responder por escrito a los padres de la menor de edad desaparecida respecto a su solicitud formulada para elevar el Acta Circunstanciada a averiguación previa; además de incumplir con lineamientos de actuación que establece el Protocolo de Investigación Ministerial de los Delitos Relacionados con Desaparición de Mujeres, además de omitir tomar en consideración otras hipótesis o líneas de investigación, como la desaparición de la niña como posible víctima de trata de personas.