Podrán municipios sancionar a anexos

El Congreso de Tamaulipas analiza una reforma a la Ley de Salud del estado para que los ayuntamientos tengan atribuciones directas para inspeccionar, denunciar y clausurar centros de rehabilitación que operen de forma ilegal, luego de registrarse una serie de muertes y agresiones de pacientes en diversos anexos en los últimos años.

La iniciativa fue presentada por la diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC),  Mayra Benavides Villafranca, la cual establece que los municipios deberán llevar un control de los centros de tratamiento de adicciones que ofrezcan atención residencial, así como denunciar ante la Secretaría de Salud a quienes incumplan con los requisitos legales.

El documento denuncia que algunos dirigentes de centros de rehabilitación han pervertido la función original de estos espacios para lucrar con el sufrimiento ajeno. 

"Han llegado a distorsionar el objetivo principal de estos lugares y los han convertido en negocios, con el afán de lucrar con la necesidad de las familias de enfermos", señala.

La situación es aún más grave, refiere la iniciativa, cuando se reportan abusos físicos, psicológicos e incluso muertes dentro de estos centros. 

"Tenemos que convertirnos en la voz de aquellos que no han sido escuchados, aquellos que con la ilusión de salir de su enfermedad llegan a esos sitios con la esperanza de concretar una rehabilitación exitosa", finalizó.

La iniciativa surge tras diversos casos en Tamaulipas que han evidenciado fallas en estos centros, como el que se registró el 21 de mayo de 2025, en Ciudad Victoria, un hombre fue encontrado sin vida en un centro ubicado en la colonia Tamaulipas. 

En octubre de 2021, en Tampico, un interno murió tras recibir una golpiza, durante la inspección, la Fiscalía localizó a 32 personas en condiciones de hacinamiento; cuatro de ellas presentaban síntomas de COVID-19 y otras tenían signos de maltrato físico, por lo que el centro fue clausurado.

Datos nacionales reportan al menos 94 muertes en centros de rehabilitación durante 2024, de los cuales el 95 por ciento de las víctimas fueron hombres, y en uno de cada cuatro casos las muertes fueron causadas por violencia física o asfixia. 

En la iniciativa, se advierte que algunos centros han dejado de cumplir su función de tratamiento y operan como negocios sin control, con cobros a familias que desconocen las condiciones reales del lugar.

La reforma también busca garantizar que los centros funcionen con personal capacitado, protocolos médicos y vigilancia continua para los internos, asimismo, plantea que el ingreso a estos lugares debe ser voluntario y que el proceso de atención se realice sin prácticas de encierro, castigo o violencia.

 "La presente acción legislativa tiene como finalidad llevar a cabo un control a fin de conocer y actuar de inmediato contra aquellos que incumplan con los protocolos", agrega el texto.

La legisladora subraya que las adicciones son enfermedades complejas, influenciadas por factores genéticos, familiares y sociales, y que su tratamiento requiere de un enfoque integral, en el que se trate la salud física, el bienestar emocional y espiritual. 

"Los mejores centros ofrecen programas específicos que se adaptan a cada paciente, además, en ellos cada paciente cuenta con monitoreo continuo las 24 horas del día".