Prepara Estado denuncias

A partir de que se le dé ese enfoque de análisis de sanción administrativa penal podremos hacer un primer diagnóstico de quiénes estuvieron eventualmente vinculados a estos procesos". Tania Contreras López, consejera jurídica del estado.

La Consejería Jurídica del Estado prepara las pruebas y argumentos para presentar las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) en contra de los responsables de la compra-venta de cinco predios en la Playa Miramar, en Madero, durante el sexenio anterior.

Tania Gisela Contreras López, encargada del despacho, adelantó que se encuentran a la espera de la notificación por parte del Congreso local para iniciar con el proceso de sanción administrativa penal en contra de exfuncionarios y particulares que se vincule con la venta de los terrenos en el bulevar costero y en la playa.

"A partir de que se le dé ese enfoque de análisis de sanción administrativa penal podremos hacer un primer diagnóstico de quiénes estuvieron eventualmente vinculados a estos procesos", precisó.

Se reservó el nombre de los accionistas de las empresas "Hospitals & Investments" y "Discovering México Destination Club" por un monto de 264 millones 643 mil 893 pesos, y que estarían implicados en irregularidades.

"Se enajenaron los predios y el propio contrato estableció que a partir de los tres años las empresas iban a empezar a pagar al Estado, en una situación de desventaja, en una condición donde el Estado no recibe ningún beneficio, es decir, les otorga la propiedad de un inmueble y después de tres años los particulares iban a empezar a pagar", dijo.

Cabe recordar que la enajenación de los predios se autorizó por el Congreso de Tamaulipas en agosto del 2021, sin embargo, las Secretarías de Turismo, de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado detectaron que las empresas en sus proyectos ejecutivos no cumplían con un beneficio para la entidad.

"Con motivo de las múltiples irregularidades descritas, deberá facultarse a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado para que realice los actos jurídicos y administrativos para dar cumplimiento al presente Decreto", señala el documento aprobado por el Congreso.

Mientras tanto, la abogada dijo que los predios volvieron a ser propiedad del Gobierno del Estado, pero no se descarta la posibilidad de que las empresas denuncien al Congreso y el Estado por posible daño, efectos que serán analizados a la brevedad.