Sentencian a militar por matar a pareja

En un hecho sin precedentes en Nuevo León, el pasado lunes un juez no militar sentenció a 18 años de prisión por homicidio simple intencional al cabo de caballería Juan Ortiz Bermúdez, por el homicidio de los esposos Rocío Romelí Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría.

La pareja quedó atrapada en medio de un tiroteo entre sicarios y militares en el Municipio de Anáhuac, y fue victimada por el militar, quien, según los testimonios, incluso gritó: "Me eché a dos", luego de disparar contra los esposos, además de que les sembraron armas y se trató de hacerlos pasar por delincuentes.Notas RelacionadasDisparó Ejército a pobladores.-comunerosQuieren manchar esfuerzos de tropas.-EPNAcusan que Ejército desapareció a sieteCae ex militar por secuestro en Acapulco

Desde aquel 3 de marzo del 2010, su familia y defensores de los derechos humanos han buscado limpiar los nombres de esta pareja de trabajadores de maquiladora y ahora, cinco años después, lograron un avance.

Sin embargo, en la misma resolución judicial se absolvió a los militares Alaín Josué Reyes González y Francisco Gabriel Meléndez, acusados de encubrir a Ortiz Bermúdez, quien está actualmente en una prisión militar del Distrito Federal.

El fallo del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Eustacio Salinas Wolberg, abre una puerta para los familiares de al menos una decena de personas que fallecieron en circunstancias similares durante uno de los periodos más violentos de la guerra contra en crimen organizado en el Estado.

"Este momento para nosotros es muy importante, porque es la primera ocasión en Nuevo León que un juez civil sanciona a una autoridad militar", expresó Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Agregó que esperan que otros casos en los que autoridades militares o de la Marina mataron a inocentes y que la autoridad tiene "congelados", también lleguen a una resolución similar.

Entre ellos están la muerte de los estudiantes del Tec, Jorge Mercado y Javier Arredondo, el 19 de marzo del 2010, así como la de Sandra de la Garza Morales, cometida en San Jerónimo ese mismo día, entre otros casos.

"Se está juzgando no sólo a los militares, sino a toda una política de militarización en Nuevo León que ha demostrado que no es eficaz, que finalmente los que crearon esta política, que los que permiten esta política de militarización de la seguridad pública, también tienen que ser juzgados", enfatizó Carlos Treviño Vives, abogado de la asociación.

La sentencia dictada por el juez es considerada injusta, dijo el litigante, pues se trató de una ejecución extrajudicial en la que se debería de sentenciar al militar por homicidio calificado, cuya pena máxima es de 60 años.

Morales señaló que hay los elementos suficientes que confirman la ejecución extrajudicial, por eso se apelará la sentencia.