Se ‘tambalea’ fuero de CDV

El Mañana / Staff.- La Primera Sala aprobó revocar el acuerdo del ministro José Luis González Alcántara Carrancá que favoreció al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que la controversia constitucional por el desafuero del mandatario sea analizada otra vez por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El proyecto fue aprobado con votos a favor de las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; quienes no apoyaron el cambio en la resolución fueron los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Luis González Alcántara Carrancá, éste último fue quien desechó la controversia constitucional en primera instancia.

El 14 de mayo pasado, el ministro González Alcántara Carrancá decidió desechar la acción legal 50/2021, que presentó el Congreso de Tamaulipas el 30 de abril, mismo día que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del mandatario tamaulipeco y, en respuesta, el Poder Legislativo local rechazó quitarlo del cargo. 

“Lo procedente es desechar la demanda promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas por falta de interés legítimo, sin que esta determinación prejuzgue sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”, concluyó Alcántara Carrancá.

La determinación del integrante de la Corte fue polémica y poco clara, señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador lo interpretó como el reconocimiento de su fuero, y por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de reclamación alegando que el ministro no observó la necesidad de decidir sobre el fondo del asunto.

El juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, tomó en cuenta la decisión del ministro para  otorgarle a Cabeza de Vaca la suspensión total contra la orden de aprehensión girada por un juez federal, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Esta protección contra la detención, derivada del desechamiento, se mantiene vigente.

Ahora, la Corte analizará y determinará el alcance del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución, “considerando que ello permitirá definir el ámbito de competencia de cada uno de los poderes en el procedimiento de declaratoria de procedencia en esos casos”, establece el documento avalado.

LA NORMA EN CUESTIÓN DICE:

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Al respecto, el proyecto indica que la “disposición admite, desde un punto de vista lingüístico, al menos dos lecturas incompatibles”, situación que ocurrió en el proceso de desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca.

“A juicio de esta Sala, la solución de este problema interpretativo de índole constitucional exige, sin duda, consideraciones de cierta profundidad que no son propias de un auto de trámite, pues requieren de condiciones reflexivas propias de la sentencia, como son el tiempo, el estudio y la serenidad suficientes para emitir una resolución adecuada al respecto”, puntualiza el documento que ahora da curso al posible destino del mandatario tamaulipeco.