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Se multiplican reclamos de los sueldos sin pagar

Narro y otros investigadores de UCLA vienen escuchando estas historias desde hace años

Numerosos informes del Centro Laboral de UCLA han advertido acerca de una “crisis” por el robo de salarios que priva de sueldos a familias de inmigrantes de California. Un informe del 2010 calculó que trabajadores mayormente inmigrantes del condado de Los Ángeles habían perdido un promedio de más de 2,000 dólares anuales, por un valor total de 26 millones a la semana.

Victor Narro, director de proyectos del Centro Laboral de la Universidad de California con sede en Los Ángeles, ofrece una conferencia sobre una disputa laboral en representación de trabajadores de restaurantes.Se multiplican reclamos de los sueldos sin pagar

La negativa de las empresas del ramo a pagar a sus empleados fue un problema de tal magnitud hace 20 años que se creó el Garment Restitution Fund, un fondo financiado por una anualidad de 75 dólares cobrada a las empresas. Las firmas deben reembolsar al fondo cuando hace algún pago.

Los reclamos de sueldos impagos se multiplicaron al proliferar los talleres que cobraban menos a sus clientes y que desaparecían de la noche a la mañana. Para el 2018 el fondo estaba insolvente. Cientos de personas esperaban sus cheques y los legisladores transfirieron 16,3 millones de dólares al fondo.

La comisionada del trabajo de California Lilia García-Brower dice que el estado debe hacer más.

“Todos los días, una persona que trabaja duro es privada de su sueldo”, manifestó en un evento en Los Ángeles en febrero.

“SIMPLEMENTE DIGAN LA VERDAD”

Las historias de los empleados de la confección de ropas de California revelan la importancia de organizar a los trabajadores para que hagan cumplir sus derechos. Luego de hacerse costurera, Audelia Morlina rara vez percibía más de 300 dólares a la semana. Hace diez años, una compañera la convenció de que se sumara al programa de derechos laborales del Garment Worker Center.

“No llegué a estudiar demasiado en México”, relató Molina. “Cuando me uní al programa, empecé a superar los nervios, la vergüenza. Empecé a hablar con más firmeza”.

Madre de tres hijos grandes, Molina tuvo el apoyo de su familia antes de dejar su trabajo y demandar. Un año después declaró en una audiencia de la oficina del Comisionado del Trabajo en relación con su experiencia con la firma Callaway Fashion, Inc. “Una se dice a sí misma que no hay razón para ponerse nerviosa porque sencillamente está diciendo la verdad”, expresó.

Un fallo de la oficina del Comisionado de Trabajo dice que ni Callaway Fashion ni su propietario respondieron al reclamo ni se presentaron a la audiencia. Se suspendió el status corporativo de la firma, pero el estado no dice por qué. Molina presentó notas que conservó y que documentan los días y las horas que trabajó, su producción y las marcas para las que trabajó. Un año después, el funcionario a cargo del caso ordenó a la empresa y a su ejecutivo que pagase a Molina 39.300 dólares en concepto de horas extras, multas y daños. También dispuso que Callaway compensase a Molina con 21.400 dólares en gastos de abogados como castigo adicional, suma que no abona el fondo del sector de confección de ropas y que la empresa todavía no ha pagado.

Las leyes californianas contemplan reclamos dirigidos a las firmas que trabajan con una empresa que no ha pagado sueldos. Antes de la audiencia, Molina llegó a un acuerdo con Jasmine Sportswear por 900 dólares y con otras seis firmas por un total de 6.600 dólares. El funcionario que manejó la vista ordenó a Kjen Apparel, Inc. El pago de 4.570 dólares y a Du North Designs Ltd. que le abone otros 3.220 dólares.

El abogado de Molina, Matthew DeCarolis, dijo que no es inusual que un taller pequeño como Callaway ignore los reclamos salariales y suspendan sus operaciones o se declaren en quiebra. DeCarolis es abogado del estudio Bet Tzedek de Los Ángeles, que ofrece asistencia gratis a los trabajadores.

“He tenidos clientes que se presentaban a trabajar y descubrían que la fábrica había desaparecido de la noche a la mañana, incluidas máquinas y todo”, comentó DeCarolis.

Public Integrity llamó a dos números asociados con Callaway Fashion, pero ambos estaban desconectados.

Otra trabajadora del sector del vestido, una inmigrante guatemalteca, presentó un reclamo aduciendo que un supervisor la había despedido en el 2017, después de una investigación por salarios impagos. “No fui la persona que hizo el reclamo. Lo único que hice fue hablar con los investigadores cuando vinieron a la fábrica”, relató, pidiendo anonimidad por temor a represalias. Funcionarios del departamento de trabajo le hicieron preguntas acerca de las horas que trabajaba. Posteriormente, la llamaron para decirle que su patrón, Boss Collection, Inc., le debía 4.000 dólares por tres meses de trabajo. Documentos oficiales indican que la empresa fue conminada a pagar 35.000 dólares a 11 empleados en el 2017.

La trabajadora guatemalteca dice que, después de cobrar sus 4.000 dólares, un supervisor les dijo a ella y a otros empleados que debían devolverle a la empresa el dinero que habían cobrado. Ella se negó, pero otros accedieron. La mujer fue despedida y cobró 570 dólares en sueldos.

“Me fui llorando porque tengo una familia que mantener”, expresó. El supervisor, afirmó, la empujó y “me trató como a un perrito”, añadió.

Meses después, personal del Garment Worker Center la ayudó a presentar un reclamo ante el Comisionado del Trabajo estatal por salarios impagos adicionales que se remontaban dos años atrás. Boss Collection nunca respondió al reclamo y la empresa cerró en septiembre del 2018.

En una vista del 2019, una empleada dijo que trabajaba 11 horas seguidas, sin descanso, y que fue despedida. Las autoridades determinaron que Boss Collection le debía 92.000 dólares por horas extras, daños y otros castigos, más intereses. Antes de la vista la trabajadora cobró 4.000 dólares de cada una de tres empresas que trabajaban con Boss Collection: Entro, Mana USA y Ashley USA.

Ante la incertidumbre respecto a quién supervisaba a los empleados, el propietario de la empresa no fue encontrado responsable personalmente. Igual que Molina, la empleada guatemalteca recibió su dinero del fondo especial... tres años después de su reclamo inicial.

“Gané”, comentó incrédula.

Funcionarios del Departamento del Trabajo trataron de que el fondo fuese reembolsado. El 21 de enero del 2020, el estado envió un ultimátum a Boss Collection en relación con el reclamo de la inmigrante guatemalteca. Hizo lo mismo con Callaway Fashion, la firma para la que trabajó Audelia Molina, el 24 de mayo del 2019.

Todavía no han recuperado un centavo de ninguna de las dos firmas.



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