Sabor amargo deja acuerdo en causa de crisis opioide en EEUU

El fin de la causa de bancarrota de la firma farmacéutica Purdue Pharma ha dejado un sabor amargo para aquellos que quieren más castigo para los miembros de la familia Sackler.

Algunos fiscales generales estatales y una oficina del gobierno federal planean apelaciones.

La pregunta en el centro de sus argumentos: ¿Es justo que los miembros de una familia acaudalada que no se declararon en bancarrota reciban una protección tan amplia de las autoridades?

Abogados y defensores de las víctimas involucrados en la causa que incluyó demandas de unos 3.000 gobiernos locales y otras entidades dijeron que los miembros de la familia Sackler que fueron dueños de Purdue tuvieron un papel central en la supervisión de la compañía y en la promoción del medicamento Oxycontin. Los críticos dicen que el analgésico más vendido de la compañía ayudó a alimentar la crisis de opioides en Estados Unidos.

“Ellos retienen miles de millones de dólares que recibieron de Purdue Pharma mientras estaba causando adicción y muerte en todo nuestro país y en el mundo”, dijo el fiscal general de Maryland Brian Frosh en una entrevista con The Associated Press.

Frosh dijo que ponderaba apelar.

Los abogados por Connecticut, el Distrito de Columbia, el estado de Washington y el U.S. Bankruptcy Trustee —una rama del Departamento de Justicia a cargo de proteger el proceso de bancarrota— han dicho que planean apelar.

Bajo el acuerdo con la corte, los miembros de la familia Sackler reciben lo que se conoce en el mundo de bancarrotas como “descargo de terceras partes”. Es uno de los asuntos más contenciosos en la ley de bancarrotas.

Esos descargos han sido utilizados en causas complejas de bancarrota que incluyen a numerosas partes para alentar arreglos que pudieran resultar difíciles o imposibles de otra manera.

Dow Chemical, dueña de Dow Corning, fue eximida de demandas en la década de 1990 por los peligros de los implantes de senos producidos por la segunda compañía. Los dueños de compañías que produjeron amianto fueron protegidos de demandas sobre los riesgos de cáncer asociados con sus productos a finales de la década de 1980.

Algunas cortes federales de apelaciones han rechazado los descargos, pero la mayoría los ha aceptado. Eso incluye la corte del 2do Circuito, que maneja las decisiones de apelación del juez federal Robert Drain, quien falló sobre la causa de Purdue en su corte en White Plains, Nueva York.

Una iniciativa de ley pendiente desde hace tiempo en el Congreso, titulada “Ley Sackler”, prohibiría los descargos de terceras partes. Incluso si es adoptada, sería demasiado tarde para afectar la causa cuyo nombre lleva.

En su fallo preliminar esta semana, Drain discutió ampliamente las razones por las que permitía la protección a miembros de la familia como parte del acuerdo.

“Me gustaría que el plan permitiera más” de parte de los miembros de la familia Sackler, dijo, “pero no voy a poner en peligro lo que el plan provee negando su confirmación”.

El acuerdo obliga a los Sackler a ceder la propiedad de Purdue, que es convertida en una nueva firma con una junta directiva nombrada por funcionarios del gobierno. El dinero de la familia, las cuentas de la compañía y sus ganancias futuras serán usados para pagarles a víctimas individuales de la crisis de opioides y para financiar tratamientos, programas de educación y otros esfuerzos contra la epidemia.

La crisis ha sido vinculada con más de 500.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos desde el 2000, ya sea por analgésicos por prescripción o drogas ilegales como heroína y fentanilo ilícito.

Purdue Pharma, con sede en Stamford, Connecticut, ha estimado que el arreglo pudiera valer 10.000 millones de dólares, incluyendo el valor del antídoto para sobredosis y el tratamiento para adicciones que ha estado desarrollando.

Los miembros de la familia Sackler, cuya fortuna combinada se ha calculado en más de 10.000 millones de dólares, han dejado claro que sin protección de demandas no contribuirían al acuerdo.

Durante una audiencia sobre el plan de reorganización el mes pasado, los expertos dijeron que pudiera ser imposible forzar pagos sin un acuerdo porque gran parte de la fortuna de la familia está en el extranjero. El juez de bancarrotas dijo que algunos miembros de la familia son ciudadanos extranjeros, lo que potencialmente colocaría sus bienes más lejos del alcance de las cortes.

Otra complicación: Purdue se declaró culpable el año pasado de delitos federales penales, aceptando una confiscación de 2.000 millones de dólares. Bajo ese acuerdo, la compañía tiene que pagar 225 millones de dólares de ese total al gobierno federal siempre y cuando llegue a acuerdos en las otras demandas por opioides y use sus ingresos para combatir la crisis. Si el acuerdo de bancarrota es frenado, Purdue tendría que pagarle al gobierno otros 1.700 millones de dólares y eso dejaría mucho menos dinero para dividir entre los estados, los gobiernos locales y las víctimas de opioides.

“Si siguen apelando, si ganan, ¿Qué reciben?”, dijo Lindsey Simon, profesora asistente de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia. “La respuesta es, probablemente, un caos total y menos dinero”.

Esa es una posición que ha sido adoptada por muchos abogados que representan a los gobiernos estatales.

Aproximadamente la mitad de los fiscales generales estatales del país, incluso todos los demócratas en el cargo, se opusieron inicialmente al acuerdo. En una entrevista con la AP en junio, la fiscal general de Massachusetts Maura Healey criticó duramente las protecciones a la familia Sackler: “Ellos quieren seguir siendo ricos y casi seguramente serán más ricos tras pagar el arreglo que lo que son hoy. Eso no me parece bien y no debería parecerle bien a nadie”, dijo.

Pero en julio, Healey y la mayoría de los otros fiscales generales aceptaron el plan luego que la familia Sackler aceptó pagar más dinero y más rápidamente. Purdue además acordó dar a conocer millones de documentos de la compañía, incluso algunos que serían protegidos normalmente por la relación abogado-cliente.

Entre quienes siguen presionando contra el acuerdo está el fiscal general de Connecticut William Tong.

“Es una de las peores conductas corporativas que yo haya visto”, dijo a la AP. “No se trata solamente de aceptar el acuerdo o conseguir todo el dinero posible y salirse. Se trata de justicia, de hacerlos responsables”.

Anthony Casey, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, dijo que quienes están furiosos con el juez por los descargos de terceras partes pudieran no entender la ley de bancarrota. “Las críticas a él son un poco ridículas, por el hecho de que él está haciendo lo que hacen los jueces de bancarrotas”.