Refugiados demandan frenar orden de Trump

Estados conservadores como Texas y Tennessee demandaron en el pasado para detener el reasentamiento de refugiados, pero no han indicado su postura desde que se emitió la orden.

La demanda presentada por tres agencias de reasentamiento en un tribunal federal de Maryland afirma que, con la orden ejecutiva, miles de refugiados podrían no reunirse con sus familias ni ser ubicados en comunidades en donde puedan prosperar.

Trump emitió la orden en septiembre cuando también redujo la cantidad de refugiados permitidos en el país de 30,000 en 2019 a 18,000 en 2020, el número más bajo desde que el Congreso aprobó la Ley de Refugiados en 1980.

La orden requiere que estados y ciudades den su consentimiento escrito antes de reubicar refugiados, otorgando a los gobernadores y alcaldes la decisión de qué tan acogedores quieren ser.

Desde la orden, al menos cinco estados han indicado que aceptarán a refugiados y ningún gobernador ha dicho que planeen utilizar la nueva autoridad para rechazarlos. Pero incluso si los gobernadores permanecen en silencio, las agencias no podrán reubicar a los refugiados en esos estados.

Las agencias han batallado para obtener el consentimiento escrito de funcionarios locales, pero dicen que el Departamento de Estado no ha especificado qué funcionarios deben entregarlo: si el alcalde, la junta de supervisores del condado o el gobernador.

Asegurar el consentimiento a nivel local es particularmente complicado en estados como Pensilvania, en donde un solo un condado tiene 130 municipalidades.

La demanda fue entablada por el organismo judío-estadounidense HIAS, el Servicio Mundial de Iglesias y los Servicios Luteranos de Inmigrantes y Refugiados.

Las agencias, tres de las nueve que trabajan con el gobierno federal para reubicar a refugiados en Estados Unidos, pidieron a la corte que detuviera la orden.

La orden de Trump afirma que las agencias no se coordinaban con funcionarios locales para reasentar a refugiados y que su gobierno actuó para respetar a las comunidades que considera no tienen los empleos o recursos para recibir a refugiados. Los refugiados tienen el derecho de moverse a cualquier lugar en Estados Unidos tras su reasentamiento inicial, pero por sus propios medios.