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Proyecto de Ley HB 642 ayudaría a los juveniles

Objetivo es evitar pena más severa o antecedentes penales permanentes

Las personas menores de edad (juveniles) de Texas que son colocados por un tribunal en supervisión por el uso ilegal de drogas, que no han sido condenados por ese delito, podrían ser obligados a participar en los programas de educación de abuso de sustancias aprobadas por el estado, según el proyecto de Ley propuesta por el representante Terry Canales, (D-34).

Dicho proyecto de Ley HB 642, le daría a un juez la autoridad para requerir a jóvenes delincuentes, menores de 18 años, que aprendan acerca de las terribles consecuencias del abuso de drogas ilegales, como requisito para evitar una pena más severa o antecedentes penales permanentes.

REPRESENTANTE. Terry Canales (D-34) dijo que los juveniles necesitan un enfoque adaptado a sus problemas.Proyecto de Ley HB 642 ayudaría a los juveniles

“En la actualidad, los menores de edad que son condenados por delitos de drogas pueden ser obligados a asistir a un programa de sensibilización de alcohol. Estos programas están diseñados para ayudar a aumentar la conciencia de un menor de edad de los peligros y perjuicios del consumo de alcohol potenciales”, explicó Canales. Agregó que desafortunadamente, este requisito no se extiende a los menores que se colocan en una disposición diferida o supervisión de la comunidad por delitos relacionados con las drogas.

La disposición diferida es una forma de libertad condicional, que permite la destitución de un cargo por un delito, si se cumplen ciertos criterios.

Asimismo la supervisión comunitaria significa la colocación de un acusado por un tribunal, en programas y sanciones, con las condiciones impuestas por el tribunal por un período determinado.

Pero, muchos jóvenes que cometen estos delitos menores, están entrando en los programas previos al juicio en el que no son realmente condenados por el crimen, indicó el legislador.

Señaló que un gran porcentaje de delitos cometidos por menores son delitos menores relacionados con niños con pequeñas cantidades de drogas. Ellos no tienen que ir a la cárcel. Necesitan un enfoque adaptado a sus problemas. Los jueces necesitan más poder para exigir programas locales destinados a ayudar a los  jóvenes.

La HB 642 es parte de la estrategia de una alianza bipartidista de organizaciones del Estado que “se han unido para llevar a cabo reformas económicas que mejoren la seguridad pública, promover la rehabilitación seguro y ahorrar dinero de los contribuyentes”, según la Coalición de Texas Smart on Crime.

En 2014, esta Coaliciónfue fundada por la Asociación de Negocios de Texas, la Fundación de Política Pública de Texas, la Coalición de Justicia Criminal de Texas, Industrias de Buena Voluntad del centro de Texas, y la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas.



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