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Propone diputada Instituto para Devolverle al Pueblo sus programas sociales

La diputada del PRI, Carolina Viggiano, propuso modificar el Artículo 26 de la Constitución para incluir el nuevo organismo que sería autónomo y estaría encargado de garantizar el acceso a los apoyos

La diputada del PRI, Carolina Viggiano, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear el Instituto para Devolverle al Pueblo sus Programa Sociales.

Viggiano propuso modificar el Artículo 26 de la Constitución para incluir el nuevo organismo que sería autónomo y estaría encargado de garantizar el acceso a los apoyos sin importar quién ocupe la Presidencia de la República.

Propone diputada Instituto para Devolverle al Pueblo sus programas sociales

"Ya basta de lucrar con la pobreza, México requiere un Gobierno comprometido con las personas más vulnerables, que trabaje con hechos, gane quien gane, que todas y todos tengan derecho a acceder a sus programas sin preocuparse por su futuro, sin ajustarse a la agenda electoral", indicó.

La priista explicó que éstos no han cumplido con su objetivo porque lejos de disminuir la desigualdad, hay una polarización entre los estratos sociales y el número de pobres aumenta en el País.

Detalló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 propone destinar 3.4 billones de pesos al gasto social, cifra que representa el 64 por ciento del gasto programable y casi el 50 por ciento del gasto total del sector público.

Lo anterior, dijo, a pesar de que muchos programas han sido poco exitosos en la erradicación de las desigualdades.

Como ejemplo, señaló que mientras que en 2016 los apoyos llegaban al 67 por ciento de los hogares en pobreza extrema, para 2020 el alcance fue de sólo 43 por ciento.

"A pesar de que durante los últimos años, de 2018 al 2021, el gasto en protección social se ha incrementado el 43 por ciento, datos del Coneval muestran que la pobreza se incrementó en 3.8 millones de nuevos pobres, 1.5 de ellos pasó a pobreza extrema", afirmó.

La legisladora advirtió que los programas sociales se han convertido en una moneda de cambio. Muestra de ello, dijo, es que el delito electoral de condicionamiento de estos se incrementó en 46 por ciento, al pasar de 208 denuncias en 2018 a 304 en 2021.

Dijo que su propuesta busca poner fin a esta crisis en materia de política social y garantizar que ésta deje de usarse con fines electorales.

"Con esta iniciativa garantizamos la despolitización de la política social y la construcción de un trabajo transparente, eficaz y apartidista y esto no cuesta, se hace con el mismo dinero que está operando la Secretaría de Bienestar", sostuvo.


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