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Preso político estadounidense muere en una cárcel de Nicaragua

El Gobierno de Ortega asegura que se trató de un “motín” y la oposición evalúa si continúa las negociaciones con el régimen

Eddy Montes, estadounidense de 57 años, falleció el jueves en la prisión de La Modelo, localizada a las afueras de la capital de Nicaragua, tras una represión policial contra un amotinamiento de hombres detenidos en el marco de las protestas contra el Gobierno del sandinista Daniel Ortega. La oposición y organizaciones de derechos humanos consideran a Montes y el resto de amotinados presos políticos. Un portavoz de la Alianza Cívica —el bloque opositor que participa en unas negociaciones con el Ejecutivo para hallar una solución a la crisis que afecta al país centroamericano— condenó lo que consideró el “uso desmedido de la fuerza” y aseguró que evaluarán la continuidad de las conversaciones. La embajada de Estados Unidos en Managua también hizo pública su condena y exigió al Ejecutivo de Ortega que esclarezca las circunstancias de la muerte del estadounidense.

Familiares de presos políticos en las afueras de la cárcel nicaragüense de La Modelo.Preso político estadounidense muere en una cárcel de Nicaragua

“Un buen grupo de presos se abalanzó contra el personal del perímetro de seguridad, forcejeando con uno de los centinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria. En dicho forcejeo se produjo un disparo que impactó en el preso Eddy Antonio Montes Praslín, quien fue trasladado de manera inmediata al centro asistencias más cercano”, establece la versión oficial nicaragüense. Familiares de los detenidos y testigos que estaban en las afueras de la prisión contradicen esta versión y aseguran a medios locales que escucharon hasta "20 detonaciones" de armas de fuego contra los presos, que se rebelaron al conocer la visita de la comisión de la Cruz Roja.

La opositora Alianza Cívica avala la versión oficial de familiares y testigos. “Es una violación total a los acuerdos [en el marco de las negociaciones] y a las obligaciones que impone al derecho internacional en el manejo de crisis carcelarias”, dijo José Pallais, integrante de la Alianza, en entrevista telefónica con EL PAÍS. “Esto pudo haberse evitado y nunca hubiera ocurrido si el Gobierno hubiera admitido las liberaciones de los presos políticos desde inicios de mayo. Lo que hemos denunciado es que hay una descomposición en las cárceles por abusos, castigos y torturas. El claro responsable es el Gobierno, por volver infrahumanas las condiciones de detención y no querer excarcelar a los prisioneros”, agregó el también experto constitucionalista.

Pallais dijo que los integrantes de la Alianza Cívica se reunirán para “evaluar la situación” y decidir si continúan en la mesa de negociación con el Ejecutivo. La tarde del jueves decidieron no asistir a la reunión prevista para la mañana de este viernes, mientras expresaban sus condolencias a los familiares del fallecido. Los opositores han pedido al Comité de la Cruz Roja que presente su informe de lo ocurrido el jueves en la prisión y solicitaron una reunión con sus delegados, que podría realizarse el sábado. La Cruz Roja lamentó en un comunicado lo ocurrido en La Modelo e informó de que se ha entrevistado con varios detenidos. La delegación ha realizado visitas a las cárceles del país desde el 15 de mayo, una actividad que continuará este viernes.

Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Managua afirma que “el Gobierno de EE UU condena el uso de fuerza letal contra el ciudadano estadounidense Eddy Montes”, a quien considera un “prisionero político”. La delegación diplomática exigió que “las circunstancias de este trágico incidente deben ser investigadas a cabalidad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció sobre el fallecimiento de Montes y advirtió que las circunstancias de su muerte “arrojan dudas sobre protocolos de seguridad en cárceles del país, especialmente respecto de personas detenidas en el contexto de la crisis”. La CIDH ha denunciado las violaciones a los derechos humanos por la represión de Ortega a las manifestaciones y también ha alertado de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad. Ortega expulsó en diciembre a una delegación de esta organización dependiente de la OEA que investigaba en Nicaragua las consecuencias de la violencia estatal.



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