Penales en Edomex son rebasados por internos

Inseguros. De los 11 centros penitenciarios analizados por la CNDH, cuatro de ellos obtuvieron calificación reprobatoria porque no cumplen con las normas establecidas para garantizar la estancia de los internos.

Chalco, Méx.

Fue sentenciado a purgar 16 años, 10 meses y 15 días de cárcel por los delitos de violación y robo con violencia en el penal de Huitzilzingo, municipio de Chalco, pero la sobrepoblación, hacinamiento, falta de personal, autogobierno y cogobierno que existen en ese lugar le permitieron, casi literal, salir por la puerta principal cuando apenas había cumplido tres meses de condena.

Pedro —nombre ficticio para reservar su identidad— escapó la noche del domingo 25 de septiembre de 2016, porque el custodio que se encargaba de vigilarlo “lo perdió de vista” durante el último pase de lista.

El día de la huida no había vigilancia en las torres cinco y ocho, lo que aprovechó para escapar por la ocho, que lo condujo al área contigua, los juzgados, sin que alguien lo notara.

Todo se conjugó para que pudiera evadirse. De las 30 cámaras de videovigilancia instaladas en el reclusorio, siete no funcionaban ese día y precisamente por los espacios que cubren los equipos de monitoreo, se fugó.

Otro factor “circunstancial” que se registró ese día fue que la cámara que almacena información dejó de funcionar durante 88 minutos, por lo que no se grabó el momento cuando abandonó el centro penitenciario.

La hora de la fuga fue a las 19:40 horas, pero el responsable directo de vigilar a Pedro se percató de su ausencia a las 20: 45 horas, cuando fue a su celda a buscarlo. Una hora con cinco minutos después.

El jefe de vigilancia de la cárcel se enteró a las 21:09 horas, a través de la frecuencia del radio, cuando un monitorista reportó que escuchó ruidos en el área de juzgados, por donde se escapó el preso. Cuando lo buscaron ya no lo encontraron.

Tatos, en todas las cárceles. Hace unos días se dio a conocer a través de unos videos de la agencia de noticias mexiquense MVT que Luis Alberto “N”, alias El Tatos, torturaba a otros reos en el penal Neza-Bordo para obligarlos a pagar “protección”.

Luis Alberto fue trasladado después a la cárcel de Chiconautla, en Ecatepec, junto con otros reclusos y en ese lugar replicó lo que hacía en Neza, pero esta vez los internos se sublevaron para vengarse de él.

El motín que efectuaron el lunes 30 de octubre obligó a las autoridades a enviarlo a una cárcel federal en Gómez Palacio, Durango.

PERO, “TATOS HAY

EN TODOS LADOS”

La madre de un interno del reclusorio de Huitzilzingo, en Chalco, denunció que Marcos, alias El Borrego, uno de los reos, les cobra de manera mensual entre 3 mil y 5 mil pesos para que no sean enviados a la zona de castigos.

“Aparenta sólo tener la tienda de esa área, pero él se dedica a extorsionar a los internos: cobra por todo, no le permite a nadie trabajar por su cuenta, si quieren vender algo, así sea dulces, cigarros o algo para ganarse la vida, él les cobra cuota o les quita el dinero, además cobra renta mensual a los internos por estar en esa área que son mil 100 pesos, les cobra la talacha, presta dinero para cobrar el doble a la semana y golpear internos que no pueden con sus intereses”, acusó la familiar de un recluso.

Durante los días de visita, si ve a alguna esposa o hija de los reos que le guste, les paga a los custodios para que se las lleve a algún dormitorio y amenaza a los internos si quieren oponerse, afirmó.

El Borrego presume contar con la protección de los responsables del centro de readaptación social, por lo que actúa con toda impunidad. “Hemos presentado denuncias, pero la situación sigue igual, somos gente pobre que no puede pagar lo que nos exige, necesitamos ayuda”, clamó la madre de uno de los presos.

Sobrepoblación carceleria. La sobrepoblación en el sistema penitenciario de la entidad es el origen de los problemas en los reclusorios que administra el gobierno estatal, que presentan desde cogobierno hasta extorsiones a los propios internos y sus familias, cometidos por grupos de presidiarios protegidos por las autoridades carcelarias, advirtió la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

“La sobrepoblación genera condiciones de deficiencia de atención del plan de actividades penitenciario, el trato que se les da a las personas no puede ser, porque esto deriva en que el personal sea insuficiente”, dijo Ricardo Vilchis Orozco, visitador general de Supervisión Penitenciaria del organismo mexiquense.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema estatal carcelario de la entidad recibió una calificación de 6.40 por las condiciones en las que operan sus reclusorios.

Exige PRD auditar los recursos de cárceles

>La dirigencia del PRD en el Estado de México exigió al gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, que audite los recursos que la administración de su antecesor, Eruviel Ávila Villegas, destinó a la operación de los 22 centros preventivos que funcionan en la entidad.

Ante la revelación de auto gobiernos y operación de grupos delictivos al interior de las prisiones mexiquenses, el líder del sol azteca mexiquense, Omar Ortega Álvarez, afirmó que la ciudadanía debe tener claridad del gasto aplicado, pues sólo en 2016 se erogaron mil 999.8 millones de pesos, según la Cuenta Pública de ese año.

Ese presupuesto se asignó al programa de Prevención y Reinserción Social, que a su vez incluye el gasto destinado a la operación institucional en la materia, así como a la seguridad penitenciaria.

Ese gasto público, dijo el también diputado federal, es uno de los más elevados en seguridad pública estatal, pero según el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e investigaciones periodísticas, se demuestra que existen fallas en su aplicación.

El perredista propuso que además de la auditoria que deben aplicar la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de Seguridad debe crear un “marcador electrónico”, en el que diariamente se puedan conocer los registros de la población penitenciaria en cada una de las cárceles estatales.

Ortega Álvarez, expuso que entre 2006 y 2016 la sobrepoblación penitenciaria prácticamente no ha bajado, lo que evidencia que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Ávila Villegas no desarrollaron una política pública efectiva sobre prevención y reinserción social.

Con cifras del sexto y último informe de Ávila, el dirigente del PRD mexiquense señaló que en 2006 la población penitenciaria era de 19 mil 726 internos y en 2016 ascendió a 25 mil 723 personas.

El incremento en esos 10 años es de 5 mil 997 internos (30.4%).

En contraste, dijo, la capacidad instalada de camas en centros penitenciarios no redujo el déficit existente. Incluso en ese periodo únicamente se creó una cárcel estatal.

En 2006 había 10 mil 68 camas en cárceles estales y para 2016 crecieron a 13 mil 125; es decir, 3 mil 57 camas nuevas que significan también un 30.3%, pero el rezago histórico no pudo ser revertido.

La sobrepoblación penitenciaria en 2016 fue de 95.9%, similar a la registrada en 2006, comentó.

“En pocas palabras, fueron 10 años perdidos en los que el gobierno estatal sólo administró el fracaso penitenciario del Estado de México. Ese fracaso involucra a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial de la entidad, pues del total de 25 mil 723 internos que había en 2016, los sentenciados eran 15 mil 345”, denunció el líder perredista.

“El resto, 10 mil 378 personas, que representan 40.3%, eran procesados, lo que significa que tanto la fiscalía como el Poder Judicial no están garantizando una procuración efectiva y rápida de la justicia, lo que provoca que en cárceles estatales haya esa cantidad de internos que viven con incertidumbre jurídica y en hacinamiento”, mencionó.