Padecen familias al buscar en fosas

Ciudad de México.

En enero de 2012, tres meses después de que Cristian Daniel Mundo Vallejo, de 18 años, desapareció en Piedras Negras  —en el norte de Coahuila—, su mamá, Lorena Vallejo, su esposo  y nuera llegaron al servicio forense de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en   Saltillo, a casi 430 kilómetros de donde lo vieron por última vez.

La familia había tocado puertas en edificios de justicia, corporaciones policiacas e institutos de ciencias forenses locales. En todos lados preguntaban por su hijo, un joven que trabajaba en un taller y tenía una hija de un año, pero nadie les hacía caso.

Con foto en mano arribaron a la Procuraduría, donde les aseguraron que reconocían al muchacho. Cristian Daniel había muerto a balazos. 

“Quédese con el recuerdo, porque con los impactos lo desgarraron”, le dijeron a Lorena. Así que su nuera miró fotografías para identificarlo. Minutos después salió llorando. Había confirmado la identificación.

“Tiene 10 días que lo sepultaron en la fosa”, informaron los funcionarios. En la dependencia les entregaron documentos  en los que confirmaban la identificación y la dirigieron con salubridad del estado para que pudieran exhumar el cuerpo. 

Diez días después, Lorena se topó con el argumento de que no podían inhumarlo: “Lo sepultamos con 10 personas más y no es tiempo para sacarlo. Tiene que esperar cinco años”, argumentaron   los funcionarios de salubridad, como si le hubieran azotado una puerta en la nariz. 

Lorena pidió apoyo a la  PGR, pero le dijeron que no podían hacer nada, que ellos ya habían dado la orden.