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¿Seguridad sin justicia?

No resulta posible establecer o restablecer la seguridad sin una fuerte y eficiente impartición de justicia

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 "fue dado a conocer recientemente por el presidente electo. En su primera parte se diagnostica la situación actual y justifican las líneas de acción. Con un enfoque contractual, asume que la sociedad delegó su seguridad en las autoridades y si éstas no la garantizan, debilitarán el acuerdo básico y pondrán en riesgo al Estado mismo.

El Plan asume correctamente que México vive condiciones extremas de inseguridad, que exigen claridad conceptual y la superación de la "fantasía" represiva militar-policial como única forma de solución.

¿Seguridad sin justicia?

Ésta última pasa, se dice, por la formulación de nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública, para recuperar la paz, prevenir el delito, procurar e impartir justicia, reestablecer el Estado de derecho y reinsertar a los infractores. Estas acciones, a su vez, se hacen depender del combate a la corrupción, las políticas sociales de bienestar, los procesos de pacificación, la justicia transicional y la reordenación de las Fuerzas Armadas.

La importancia del Plan ha hecho que se emitan juicios y críticas para, entiendo, aportar ideas y colaborar en su mejora. La mayor parte se han hecho a los aspectos esenciales de la seguridad (Hope, Guerrero, López Portillo y Raphael, por ejemplo).

Menos se ha escrito de lo que contiene y omite en materia de justicia. Como lo muestra la experiencia nacional e internacional, no resulta posible establecer o restablecer la seguridad sin una fuerte y eficiente impartición de justicia.

En el primer apartado del Plan se afirma que la procuración de justicia se encuentra abandonada desde 2006. Aun cuando no se justifica, la afirmación pareciera tener que ver con las reformas que condujeron al sistema penal-acusatorio.

En lo poquísimo que hay sobre los remedios, se dice que los agentes del Ministerio Público y los policías deberán ganar tanto como los juzgadores federales para lograr que a los "mejores abogados" les resulte atractivo ocupar esas posiciones.

También se señala que hay descoordinación por los "distintos idiomas técnicos" que hablan los titulares de esos tres órganos, de ahí la necesidad de ajustarlos. En el apartado sexto se propone que el Consejo de Construcción de la Paz medie en los conflictos locales.

Salvo lo acabado de señalar, no hay nada más sobre la impartición de justicia. Ello es relevante si consideramos que la pretensión es pacificar al país y generar nuevas condiciones de convivencia.

¿Qué explicaciones pueden darse a la precariedad con que se trata una materia relevante, en sí misma e instrumentalmente, para lo que quiere lograrse?

Una, que hay un Plan para la seguridad y uno para la justicia y debemos esperarlo. Otra, que se estima que la impartición de justicia funciona bien y no hay mucho que cambiarle. Una más, que se crea que la justicia de jueces y tribunales no es relevante para la paz.

Cualquiera que sea la posible respuesta, es indispensable contar con un buen sistema de impartición de justicia. Por él pasa la identificación de quienes delinquen y afectan a otros y a la colectividad; también, la determinación de los castigos y las consiguientes reparaciones.

Si todo esto no se logra caso a caso, técnica y debidamente, no se tranquilizará a las víctimas y ofendidos, ni se dará a cada quien lo que le corresponda.

Las comisiones de la verdad pueden encontrar respuestas a situaciones excepcionales; las acciones de fuerza disuadir o contener acciones violentas; las cárceles, tal vez, lograr la reinserción de algunos. Lo que no pueden es darle a los afectados por un delito una satisfacción y a los delincuentes un castigo justificado por lo que hicieron. Sin justicia no habrá perdón, ni paz, ni futuro.

Cuatro mil años de historia nos lo han demostrado. No volvamos a caer en el error de suponer la excepcionalidad mexicana en un asunto tan importante como urgente para todos nosotros.