Editoriales > PUNTO DE VISTA
Revertir la reforma energética
México debe hacer valer sus instrumentos constitucionales para garantizar el desarrollo, su seguridad energética y su seguridad nacional
Miente el presidente Enrique Peña Nieto al afirmar que: "La reforma energética introdujo cambios estructurales que impulsan a la industria petrolera en su conjunto y promueven la productividad y la competitividad de Pemex".
Falso. Durante la administración de Peña Nieto, las reservas de petróleo crudo cayeron 45.1%, las reservas probadas de gas natural lo hicieron 36.8%, en tanto que la producción de hidrocarburos cayó 17.5%, la producción de crudo 15.5% y las exportaciones de petróleo crudo 4.9%.
Los trabajos de exploración y desarrollo se han desplomado, la tasa de utilización de la capacidad de refinación se ha reducido a menos de 50%, la producción se ha derrumbado y las importaciones han crecido.
La balanza petrolera es deficitaria desde 2015. En 2017 las exportaciones de petróleo sumaron 23 mil 600 millones de dólares, mientras las importaciones sumaron 42 mil millones de dólares, 18 mil 400 millones más. Esto significa que se importa más de 70% de los combustibles que se consumen en el país, con su consecuente incremento en los precios.
Peña Nieto miente al afirmar que el sector energético está atrayendo más inversiones: "Al concluir este sexenio se habrán formalizado compromisos de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base para el crecimiento de este sector a lo largo de los próximos años".
Falso. En los poco más de cuatro años transcurridos de la contrarreforma, se han invertido solo poco más de 3 mil millones; esto es, 1.5% de lo ofrecido, mientras que antes de la reforma Pemex invertía de tres a cinco veces más cada año que el total de lo invertido tras la reforma.
Miente al afirmar que Pemex no era rentable: "La reforma introdujo cambios estructurales que impulsan a la industria petrolera, al tiempo que promueven la productividad y la competitividad de Pemex".
Falso. Se ha profundizado el desmantelamiento de Pemex. Más allá de la corrupción que representan las operaciones ilícitas de Odebrecht o el robo de hidrocarburos, el gobierno federal está obstinado en entregar a manos privadas, el que fuera el monopolio estatal, por ejemplo: La Comisión Reguladora de Energía obligó a Pemex a ceder al sector privado el 70 por ciento de sus contratos de venta de gas. Además, con la construcción del mercado de gas natural, Pemex fue despojado de la red troncal de gasoductos, sin que se le pagara una correcta indemnización, al tiempo que la paraestatal ya no comercializa los hidrocarburos de la nación, ya que el gobierno contrató a la empresa trasnacional Trafigura, la que le cobra 18 centavos de dólar por barril comercializado.
Pese a las evidencias del fracaso de la reforma, el gobierno continúa depredando la riqueza y empeñando el futuro y la seguridad energética. Durante la Ronda Uno, se concesionaron 20 mil 424 km2, en plazos que van de 35 a 50 años en tierra, aguas someras y aguas profundas. En la Ronda Dos, se entregaron en el Golfo de México 42 bloques con un área de 69 mil 696 km2, y se prevé la entrega de 231 bloques más que sumarán 165 mil 218 km2. En cinco años, se habrán concesionado cerca de 255,338 mil km2, que representan la quinta parte del Golfo de México que equivalen al 10% del territorio, que sumadas a las concesiones mineras que comprenden más de 600 mil km2, cerca de la mitad del territorio estará bajo el dominio de empresas privadas, en su mayoría extranjeras.
La reforma energética fracasó y es necesario revertirla, las pruebas son contundentes; sin embargo, el gobierno y los intereses a los que sirve, quieren hacernos creer que la reforma energética es irreversible, que se han suscrito contratos e instrumentos legales que impiden cualquier cambio a la situación impuesta.
Falso. La reversión de la reforma energética es viable. Es posible que los hidrocarburos y el servicio público de electricidad vuelvan a considerarse estratégicos y de gestión exclusiva del Estado. Que habrá litigios con las empresas concesionarias, los habrá, pero México debe hacer valer sus instrumentos constitucionales para garantizar el desarrollo, su seguridad energética y su seguridad nacional.
Este es el país al que aspiramos muchos mexicanos, el país que se debatirá en las urnas el 1 de julio. Un país que es posible alcanzar.
