Opción suicida: no hacer nada

En unos días iniciará agosto, y México sufrirá una sacudida económica hecatómbica y sin precedente. Al unísono, dejarán de tener efecto los programas de diferimiento de pagos al sistema bancario; quizá reiniciarán titubeantes actividades otros sectores y regiones del país; muchos mexicanos saldrán de su confinamiento para enfrentar que ya no existe la empresa que los empleaba; calará hondo el desahorro acumulado por todos durante cuatro meses, entre otros estertores. En otros países sucederá algo parecido, pero a escala mucho menor.

Diversos gobiernos dieron y continuarán dando apoyos fiscales a empresas y personas. Estos “paquetes” de apoyo, que incluyen disminución de impuestos, aumento sustancial del gasto, y algunos créditos, representan, por ejemplo, 32% del PIB en Alemania, 18.8% en Reino Unido, 13.6% en EUA, 9% Corea, 8.6% Brasil y 5.5% en Chile. 

 En México, hasta ahora, el Gobierno Federal ha descartado otorgarles ayuda económica, lo que ha profundizado la crisis de producción y empleo, que se acentuará ahondará a partir de agosto.

No es racional ni ético que el gobierno de México eluda auxiliar a los mexicanos. La pregunta es ¿cómo?. En 1983-4, dada la profunda crisis económica que inició con el colapso de 1982, el gobierno instrumentó programas regionales de empleo dirigidos a la población más necesitada. Los criterios fueron: i) beneficiar al mayor número de personas posible; ii) canalizar recursos para actividades intensivas en mano de obra, que requieran un mínimo de otros gastos; iii) que fueran estrictamente temporales (seis meses); iv) aplicables en todo el territorio nacional; y, v) recurrir a los gobiernos municipales como ejecutores de programas federales. Algo similar debería hacerse ahora en México, sin menoscabo de que el sistema financiero pueda extender los “plazos de gracia” otorgados a ciertos deudores e, incluso que, con la facilitación del gobierno, multiplique apoyos eficaces y oportunos a las PyMEs.

De manera sucinta, el programa consistiría en la contratación temporal de hombres y mujeres dispuestos a realizar trabajos de mantenimiento y remozamiento en los municipios: reparación de infraestructura urbana, limpieza, pintura, jardinería, y otras actividades características de los municipios. Se trataría de crear una especia de “plazas” temporales, que podrían “ocupar” varias personas durante su vigencia de seis meses, contratadas a un costo de un salario mínimo más una aportación para recibir atención médica de los servicios estatales de salud (total 4,000 pesos mensuales por persona). 

¿Qué alcance podría tener un programa temporal de empleo emergente (PTEM)? Las principales restricciones son el monto de recursos que se le asignara al Programa, la capacidad de los gobiernos municipales para ejecutarlo, y contar con un mecanismo ad hoc para supervisar el ejercicio correcto y transparente de los recursos.

El PEF 2020 alcanza 4,407 mil millones de pesos (18.4% del PIB). En caso de reasignar 1% del PIB a un Programa así, sería posible auxiliar a 10 millones de mexicanos durante seis meses (los costos administrativos de su implementación serían absorbidos por los gobiernos municipales). Esto representaría una importante contribución para apoyar a los 12.2 millones de mexicanos que, de acuerdo con cifras de la Encuesta Telefónica de Empleo (ETOE, mayo 2020), estaban empleados en marzo y que para mayo se encontraban fuera de la Población Económicamente Activa, muchos de ellos porque perdieron su empleo y porque aún no podían salir a buscar otro.

En agosto, hará erupción la crisis económica de México, aún así apenas será la punta del iceberg. En este tipo de procesos, con una dinámica acelerada e incierta, lo mejor es actuar con toda oportunidad y de manera preventiva, anticipar lo que viene y actuar para contener los daños. Lo peor es entrar en la borrasca sin preparación. Hacia allá va México ahora.