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La civil-militar
La salida de Jiménez Espriú, responsable de darle la argumentación “técnica” al presidente para la cancelación del aeropuerto en Texcoco, se da también en el jaloneo y tensión existente entre civiles y militares donde priva el desorden, las disputas por el control y la descoordinación
“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, expresaba en aquella carta de renuncia Carlos Urzúa en julio del año pasado. El exfuncionario acusó además la imposición de funcionarios sin el conocimiento adecuado y hoy los hechos dan la razón a esos señalamientos de quien fuera un personaje no como cercano al presidente sino constructor del andamiaje de la cacareada transformación. Las evidentes discrepancias en el gabinete de las que entonces acusó en su explosiva misiva se vuelven a presentar en el affaire Jiménez Espriú: Una renuncia anunciada, marcadas diferencias, un presidente que titubeó no acusando recibo de ella desencadenando la incertidumbre y la intriga palaciega ya emblemática en los pasillos del poder.
La coincidencia de la salida del titular de la SCT se dio en medio del torbellino Lozoya con el escándalo Oderbrecht y la decisión presidencial de darle el control a los militares de los puertos y de “rescatar las aduanas” por la mala administración, el mal manejo de las instalaciones y la descomunal corrupción para tratar de frenar el tráfico ilícito de drogas y mercancías.
Ambos contextos parecen haberle dado la justificación a Jiménez Espriú para no estar expuesto y dar la cara como funcionario público en el asunto de la empresa mexicana Idesa —de la cual formó parte de su Consejo de Administración— socia de Braskem, una filial de Odebrecht que participa en el complejo Etileno XXI, productor de polietileno y responsable de pérdidas millonarias en Pemex. La esposa del exsecretario, según información que él mismo proporcionó, es accionista de Idesa y López Obrador tenía pleno conocimiento de la situación. Emilio Lozoya podría aportar los detalles del círculo de la presunta corrupción alrededor de la reforma energética y de la trama Pemex como parte del pacto que hace meses viene construyendo con la cuatroté para salir impune del desfalco a la nación.
La salida de Jiménez Espriú, responsable de darle la argumentación “técnica” al presidente para la cancelación del aeropuerto en Texcoco, se da también en el jaloneo y tensión existente entre civiles y militares donde priva el desorden, las disputas por el control y la descoordinación.
Con la incontrolable violencia e inseguridad se ha obligado al uso de nuestras fuerzas armadas propiciando que sean paulatinamente insertadas en tareas de índole policial sin que a la fecha sea plausible que se emprenda un proceso de reconstrucción de las fuerzas policiales. A la par de esto el presidente los empodera en otras tareas invadiendo funciones en la esfera civil.
Los militares ahora construyen aeropuertos, Bancos del Bienestar, hospitales, trenes, siembran arbolitos, atienden pacientes de covid19, fungen como policía migratoria, implementan el plan DN-III, seguridad en Pemex y ahora estarán encargados de puertos y aduanas.
Las instituciones armadas empiezan a ser factores de poder político en el escenario doméstico y no se puede negar que en la política las formas de gobierno no siempre lo deciden todo por sí mismas. El Estado, en última instancia, se sostiene si cuenta con el consenso y apoyo de sus fuerzas armadas.
¿Conocerá el Ejecutivo el malestar latente verde olivo? O mejor aún, ¿nuestras fuerzas armadas están cumpliendo un rol profesional alejado de la intromisión política?
