¿Cuánto debe ganar el presidente?

No sólo los separa una calle: por estos días entre el Palacio Nacional y la sede del Poder Judicial hay una pared de fuego. La disputa tiene dos cuerdas que se han hecho nudo: de un lado está la autonomía y del otro lado la austeridad salarial. Dos valores que, por separado, tienen mérito, pero que, al juntarlos, están provocando agravio.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la polémica, jueces y magistrados decidieron salir a la calle para protestar contra lo que consideran una arbitrariedad.

A principios de la semana pasada el magistrado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero declaró, a nombre de su gremio, que se ha buscado posicionar “un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas … que no corresponden ni cercanamente a la realidad”.

El argumento para disentir con el presidente está en el artículo 94 de la Constitución. Ahí se prohíbe explícitamente reducir la remuneración de jueces, ministros y magistrados mientras ostentan un cargo. Se trata de un antiguo principio que nació en Inglaterra y se introdujo en la Constitución mexicana de 1857, el cual tiene como propósito asegurar la autonomía de los juzgadores.

El dilema para los integrantes del Poder Judicial es claro: si se disminuyen el sueldo sin modificar el artículo 94, se violentaría la Constitución. Por otra parte, si se modificara ese artículo, entonces se vulneraría un principio fundamental de la autonomía.

Tan desafiante es el tema que ha provocado, también, diferencias entre el Palacio de Covián –donde despacha la secretaria Sánchez Cordero– y el Palacio Nacional. “¿Qué opinaría yo?,” se pregunta la exministra en voz alta: “(pues que) no se reduzcan los sueldos, porque no se los pueden reducir constitucionalmente, pero que tomen en cuenta la situación económica del país”.

Es obvio que el presidente López Obrador y los legisladores de su partido, Morena, pusieron en un grave predicamento al Poder Judicial al tensar la cuerda entre dos polos: pareciera imposible decidir entre autonomía y austeridad. O bien se privilegia la garantía constitucional, o bien se reducen los sueldos bajo el rasero propuesto por el Ejecutivo.

El principal acento de la tensión lo fija el nivel salarial que López Obrador decidió unilateralmente para sí mismo: dice el presidente que puede vivir con 108 mil pesos mensuales y eso habla bien de él.

Pero la pregunta es otra: más allá del individuo en cuestión, ¿se trata de un salario justo para el presidente de México? ¿Lo es para un magistrado, un ministro o un juez? ¿Es adecuado para la alta funsión pública?

Desde el punto de vista de la riqueza de México, 108 mil pesos es un salario muy bajo para el presidente de la República: somos la economía 15 del mundo y tal criterio podría servir para ubicar el salario presidencial.

Angela Merkel, que gobierna Alemania, el cuarto país más rico del mundo, gana 600 mil pesos mensuales. Emmanuel Macron, que gobierna Francia –la séptima economía del mundo– ingresa 345 mil pesos mensuales. El ruso Vladimir Putin, cabeza de la potencia número doce, ingresa 219 mil pesos mensuales. Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, que ocupa el lugar 17, obtiene 200 mil pesos mensuales. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, que ocupa el lugar número 26, obtiene 415 mil pesos al mes.

Desde este parámetro 108 mil pesos mensuales es un salario muy bajo para el presidente de México. Sin embargo, hay otro criterio que no podría pasar desapercibido: el ingreso promedio en el país.

Porque México es un país rico, pero absurdamente desigual, es que el salario fijado por la ley de remuneraciones para el presidente no es descabellado. El promedio del ingreso mensual de una familia mexicana es de 10 mil pesos, cifra que es 11 veces menor al salario establecido para el jefe del Estado mexicano.

Vale aclarar que se trata del ingreso promedio percibido por una familia que vive justo a la mitad del edificio mexicano; si se compara con los ingresos de un hogar ubicado en el primer piso, el presidente estaría obteniendo 54 veces más.

Mientras tanto, sigamos discutiendo qué es más importante, si la austeridad o la autonomía del Poder Judicial.