La soberanía no se negocia en nombre de la seguridad
En los últimos días volvió a circular una idea que aparece cada vez que la violencia domina la agenda pública. Desde Estados Unidos se sugiere "ayudar" a México con capacidades militares para enfrentar a los cárteles. Desde México se responde con un rechazo tajante a cualquier intervención. Entre aplausos, consignas y descalificaciones, lo verdaderamente importante corre el riesgo de perderse. En materia de seguridad, la pregunta central no es quién ofrece más fuerza, sino bajo qué reglas se ejerce y quién decide sus límites. Ahí es donde entra la Constitución.
Conviene partir de una distinción elemental. La cooperación entre Estados es normal y necesaria. Intercambiar inteligencia, coordinar aduanas, combatir el tráfico de armas, perseguir el dinero ilícito, ejecutar extradiciones y prestar asistencia jurídica internacional forma parte de la rutina de cualquier país serio. Otra cosa muy distinta es permitir que fuerzas extranjeras operen en territorio nacional con capacidad de mando y uso de la fuerza fuera de los controles mexicanos.
El diseño constitucional mexicano existe precisamente para impedir que decisiones de esa magnitud se adopten por impulso, presión externa o conveniencia coyuntural. La política exterior se rige por el principio de no intervención y la presencia de tropas extranjeras exige autorización del Senado. No se trata de formalismos decorativos. Son candados democráticos pensados para proteger la soberanía, la legalidad y la responsabilidad pública.
El problema aparece cuando se instala la idea de que la urgencia justifica el atajo. Que frente a organizaciones violentas cualquier medio es válido. Esa lógica es conocida y sus resultados también. La Constitución no se suspende por discursos de emergencia ni por promesas de eficacia inmediata. Los controles judiciales, el debido proceso y la presunción de inocencia no son estorbos técnicos; son condiciones para que la acción del Estado sea legítima y sostenible. Cuando se sacrifica la legalidad en nombre de la fuerza, lo que se obtiene son declaraciones espectaculares, pero expedientes frágiles que terminan cayéndose en los tribunales, como lo demuestra nuestra historia.
Sin lugar a duda, el golpe real a la criminalidad organizada no está en la fotografía del operativo, sino en desmantelar sus estructuras financieras, logísticas y de corrupción. Ahí la cooperación internacional es indispensable y también exigente. Estados Unidos tiene un papel central en el flujo de armas hacia México, en el lavado de dinero y en las redes que permiten mover recursos con rapidez. Atacar esos eslabones requiere inteligencia compartida, investigación patrimonial, cadenas de custodia cuidadas y procesos que resistan el escrutinio judicial a ambos lados de la frontera, pero nunca sometimiento, ni siquiera con buenas intenciones.
Al final, la discusión no debería girar en torno a quién levanta más la voz o promete más fuerza, sino a qué modelo de Estado estamos dispuestos a defender. Uno que coopera desde la legalidad y la inteligencia institucional, con resultados permanentes, o uno que cede su marco constitucional a cambio de soluciones rápidas y dudosas. La experiencia demuestra que cuando la seguridad se compra al precio de la Constitución, lo que se pierde no es sólo soberanía. Se pierde la democracia y el Estado de derecho, y con ello, la posibilidad de una seguridad duradera.
