Tramitan empleados del INE primer amparo contra Plan B

Un grupo de 147 trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una demanda de amparo en contra de la reforma electoral, conocida como "Plan B", debido a que afecta sus derechos laborales, informó Rodolfo Martínez, del despacho Trusan y Roma Abogados.

ESCRITO

El litigante, quien presentó el escrito en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, aseguró que esta es la primera demanda que presentan trabajadores del INE en contra de la reforma publicada el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"En esta demanda están 147 empleados y empleadas del Instituto Nacional Electoral, tanto personal del Servicio Profesional Electoral como de las áreas administrativas, a efecto de que no sean objeto de la reestructuración que ordena esta reforma electoral que fue aprobada el jueves pasado.

"En esta demanda están 147 empleados y empleadas del Instituto Nacional Electoral, tanto personal del Servicio Profesional Electoral como de las áreas administrativas, a efecto de que no sean objeto de la reestructuración que ordena esta reforma electoral que fue aprobada el jueves pasado"

"También, para que no sean perjudicados de que se les quite su seguro de gastos médicos y su seguro de separación, así como la disminución de sueldos y salarios que también está previsto en la reforma", señaló.

La reforma, con la que según el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pretende generar un ahorro en la operación del Instituto, elimina la estructura permanente subdelegacional del INE y reduce al mínimo el Servicio Profesional Electoral.

• Al menos 2 mil 175 empleados del Servicio Profesional serán despedidos cuando las juntas distritales pasen de permanentes a temporales. Esto representa el 84.6% de las plazas. Además, saldrán otros 2 mil trabajadores administrativos.

Martínez dijo que las medidas que se pretenden adoptar afectan los derechos laborales de los trabajadores y, además, los deja en la incertidumbre, pues no existe la certeza de que existen los recursos económicos necesarios para, eventualmente, indemnizarlos.

La reforma, sostuvo, incumplió con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues no existe un dictamen de impacto presupuestal y pese a que se ha hecho referencia a los fideicomisos que tiene el INE, no se sabe en realidad cuánto dinero está disponible en esos fondos.

"Este medio de defensa que se ha interpuesto para proteger a los empleados del INE tiene por objeto evitar la pérdida de su fuente de empleo y de las diversas prestaciones que tiene la institución", señaló.