Aumenta la tensión entre PJ y gobierno

Ciudad de México

La aprobación en el Congreso de la reforma que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha aumentado la tensión con el Gobierno Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió una vez más al paso y respondió a las protestas. "Es lamentable que se estén manifestando. Es injusto defender privilegios, es pecado social", respondió a los 55.000 trabajadores sindicalizados que llevan toda la semana manifestándose. El mandatario ha defendido desde el inicio de la propuesta que el recorte solo afecta a los puestos de más alto grado. Un día después de la aprobación legislativa, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte especificaron a través de un comunicado que los beneficiarios directos de los fondos no son únicamente los 11 ministros en funciones del máximo tribunal y los 22 en retiro. Además, subrayan que ninguno de los fondos está relacionado con gastos personales de estos.

Los diputados opositores adelantaron desde el mismo martes que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para revertir los efectos de la reforma, en caso de que apruebe definitivamente en el Senado. El presidente adelantó que este recurso implicará una violación del orden constitucional, dado que la Corte sería juez y parte. Por ello, adelantó los tiempos y lanzó una convocatoria a los abogados constitucionalistas, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la barra de abogados a que se pronuncien al respecto.

CONFERENCIA MATUTINA

López Obrador dedicó más de media hora de su conferencia matutina al tema. Insistió en defender la eliminación de los fondos para que sus recursos, que ascienden a 15.280 millones de pesos, se reintegren a la Tesorería de la Federación y se destinen a becas para estudiantes de educación básica, o bien, se repartan en las 32 entidades del país, en montos de 400 millones de pesos. Incluso, abrió la posibilidad de que el uso de los recursos que se distribuyan en cada estado, se someta a consulta popular para que los ciudadanos decidan en qué se gastan los fondos que se reintegren a la Federación.

Las manifestaciones y movilizaciones de trabajadores continuarán hasta que el proyecto se discuta en el Senado, previsto para la próxima semana. Los trabajadores han anunciado que de confirmarse la aprobación definitiva del recorte declararán un paro nacional y presentarán una cascada de amparos colectivos. Denuncian que los 13 fideicomisos que se perfilan desaparecer afectan a sus derechos, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

Las protestas se extendieron por al menos 13 entidades del país. López Obrador desacreditó las movilizaciones y expuso la diferencia salarial entre los 22 millones de mexicanos ganan en promedio 16.000 pesos mensuales, contra los 700.000 pesos que perciben los ministros de la Suprema Corte. Insistió que a "los trabajadores no se les toca, es a los de arriba" pero "ahí van a manifestarse para defender privilegios". El comunicado de la Corte también puntualiza que "el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos".

Los organismos judiciales refutaron que los fondos sean "un guardadito", en las mismas palabras del presidente, y añadieron que se utilizan "de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos" por los trabajadores del PJF.