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Ven retroceso en reformar el SAR

Este cambio implicaría más recursos por parte del Gobierno federal, lo que afectaría a los rubros de educación y salud

La propuesta de reforma al sistema de pensiones planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador representa un retroceso.Ven retroceso en reformar el SAR

La propuesta de reforma al sistema de pensiones planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un retroceso para el País de 25 años, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

El organismo dijo que este cambio implicaría más recursos por parte del Gobierno federal, lo que afectaría a los rubros de educación y salud.

"Esta propuesta busca lograr una pensión del 100 por ciento del salario, pero implica regresar a un sistema de beneficio definido, lo que representa un retroceso de 25 años y pone en riesgo los logros alcanzados", aseguró Orlando Corona Lara, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social del IMEF.

Resaltó que dicha reforma implicará necesariamente más recursos, ya sea del patrón, del Gobierno federal o el propio trabajador. 

"En el caso del Gobierno federal, los recursos destinados para las pensiones se han incrementado de una forma muy importante, hablamos de un monto de 2 billones de pesos; este gasto en pensiones representa 96 por ciento del gasto social, una cantidad muy importante. 

"Incrementar recursos implicaría reducir a su vez recursos destinados a educación y salud. El tema de la salud es un tema muy sensible para los pensionados porque es donde más gastan", afirmó en la conferencia mensual del IMEF.

Refirió que el sistema de beneficio definido administrado por el Gobierno federal hasta mediados de los años 90 se caracterizaba por un creciente déficit actuarial, es decir, que lo que se tenía entre reservas y aportaciones futuras era menor que lo que se debía pagar en beneficios. 

Dicho déficit, de acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llegó a representar hasta 128.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), incluyendo a trabajadores del IMSS y empresas del Gobierno, como Pemex.

 

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