Expedientes de amparos contra INAI serán resueltos en Aguascalientes

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designó a los juzgados y tribunales de Aguascalientes como encargados de resolver todos los amparos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Lo anterior, en cumplimiento a la nueva Ley General de Transparencia, publicada el 20 de marzo, que le dio al Consejo 120 días para designar a los órganos especializados en esa materia, que hasta ahora, había sido revisada por jueces de todo el País, sobre todo de la Ciudad de México.

El transitorio de la reforma ordenó al CJF habilitar juzgados especializados en transparencia, pero lo que se hizo fue una concentración de expedientes, pues los órganos de Aguascalientes seguirán viendo todas las demás materias.

Si bien los amparos se pueden presentar en línea, cualquier gestión personal con secretarios, jueces y magistrados, requerirá trasladarse a Aguascalientes desde el resto del País, o contratar despachos de esa ciudad, lo que podría desalentar el litigio contra las negativas de información del gobierno, particularmente por parte de ciudadanos que no tienen recursos para financiarlo.

Cuando fue publicada esta ley, había 469 juicios en trámite contra resoluciones del ahora extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), mismos que la reforma congeló durante seis meses, y deberán ser enviados a los siete juzgados de Distrito y dos tribunales Colegiados del Trigésimo Circuito.

Estos órganos conocerán, en adelante, de los amparos contra Transparencia para el Pueblo, la oficina de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAGB) que heredó las funciones del INAI en relación con las dependencias del Ejecutivo federal.

Además, resolverán amparos contra decisiones de las autoridades garantes de los Poderes y órganos autónomos, que con esta reforma, volvieron al esquema que operó entre 2003 y 2016, en el que cada uno tenía una especie de INAI propio para revisar resoluciones iniciales sobre acceso a la información.

También estarán a cargo de amparos contra resoluciones de las nuevas autoridades estatales de transparencia.

Para justificar el envío de los expedientes a Aguascalientes, el CJF argumentó que así lo permite la carga de trabajo en ese circuito.

"Se instruyó a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, con apoyo de la Dirección General de Gestión Judicial y Estadística Judicial, se realizara el análisis a nivel nacional de los órganos jurisdiccionales que pueden ser habilitados en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, partiendo de las cargas de trabajo con las que contaran", explica el Acuerdo del CJF.

El órgano judicial aprobó este acuerdo el pasado 11 de junio, pero fue publicado hasta hoy, y la consejera Verónica de Gyvés votó en contra.