Denuncian a ministros por propaganda ilegal

Cinco de los nueve candidatos que se perfilan para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrataron propaganda ilegal en redes sociales, acusan organizaciones electorales.

Cinco de los nueve candidatos que se perfilan para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrataron propaganda ilegal en redes sociales, acusan organizaciones electorales.

Esto fue detectado tras una revisión de 7 mil 800 anuncios pagados en Instagram, Facebook, Instagram, Threads y Messenger.

Dicha información está en manos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que confirme la ilegalidad, sume los recursos a su gasto de campaña y aplique las sanciones correspondientes.

En este proceso electoral, los aspirantes a los 881 cargos del Poder Judicial tenían prohibido contratar algún tipo de publicidad en medios electrónicos y redes sociales, así como espectaculares, bardas y demás publicidad en vía pública.

  Sin embargo, de acuerdo con la investigación de dicha agrupación, de los 3 mil 396 candidatos, al menos 394 pagaron 1951 anuncios, de manera directa o indirecta, invirtiendo entre 2 millones 330 mil a 3 millones 89 mil pesos.

  El 75 por ciento de los promocionales fue adquirido por candidatos a la Suprema Corte, y 11 por ciento por quienes compiten por el Tribunal de Disciplina Judicial.   Tan sólo en 53 anuncios, que fueron replicados en mil 195 ocasiones, se invirtieron entre un millón 799 mil y 2 millones 300 mil.

 De los seis candidatos a la SCJN que contrataron la propaganda ilegal, la que más gastó fue la ministra en funciones Loretta Ortiz, con 86 anuncios, en los que se calcula invirtió de 418 mil y 539 mil pesos.

 Le sigue la Ministra Yasmín Esquivel con 390 anuncios, con un presupuesto que va de los 370 mil a 483 mil pesos; y Giovanni Figueroa, con 13 anuncios y un rango de gasto entre 164 mil y 197 mil pesos.

 Después aparece Lenia Batres, con 78 anuncios que, se presume, gastó entre 112 mil y 164 mil; y Aristides Guerrero, con 87 anuncios, y una posible inversión de 88 mil y 127 mil.

 Luis Fernández, de la agrupación Práctica: Laboratorio para la Democracia, acusó que en muchos casos, estos candidatos recurrieron a terceros, pero también los identificaron.

 "Lo preocupante es que estas personas juzgadoras tienen que decidir sobre lo que es legal y lo que no es legal. En este caso la norma era tajante: no podían gastar dinero en pauta publicitaria y sin embargo vemos que lo hacen", afirmó.

 El director de Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, aseguró que fue la Unidad de Fiscalización la que les solicitó la información, por lo que confió en que realmente haya consecuencias.

 "En los últimos años la fiscalización del INE, al menos de los partidos políticos, no ha sido la más acuciosa o la más profunda. A lo que apelamos es que la autoridad electoral realmente haga un análisis serio.

 "Los deslindes (de los candidatos) no deben de ser suficientes, porque aquí hay un pago y hay una conducta que además es sistemática y es generalizada. Hay un entramado de cuentas que están creadas exprofeso para esto y creemos que amerita una evolución en el criterio del INE", añadió.

 La organización también entregó al Instituto lo que detectaron en el pago ilegal de encuestas, pues los candidatos también tenían prohibido contratar a casas encuestadoras. Prácticamente, los mismos candidatos recurrieron a esa práctica prohibida.

 "Creemos que uno de los problemas por los que estamos viendo tantas conductas ilegales en los procesos y que la calidad de las elecciones ha disminuido, es por la excesiva tolerancia y permisibilidad de las autoridades electorales, ahora deben de ser más firmes", reclamó Espinosa.