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Alargan proceso de titular del INM

Un juez federal amplió por dos meses más el proceso iniciado a Francisco Garduño, aún comisionado del INM, por la tragedia en Ciudad Juárez

Alargan proceso de titular del INM

Cd. Juárez, México  .-Un juez federal amplió por dos meses más el proceso iniciado a Francisco Garduño Yáñez, aún comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo.

 Por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Cornejo Ángeles, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, amplió el plazo de investigación complementaria en el proceso iniciado al funcionario por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

 La FGR justificó su petición porque el 12 de julio pasado hizo solicitudes de asistencia jurídica internacional a Venezuela, El Salvador y Honduras, para que remitan documentos que acrediten el nacimiento de las víctimas, y a la fecha no ha conseguido respuesta.

 También, porque aún faltan elaborar los dictámenes de medicina forense de los 26 lesionados; solicitar a un juez la extracción de información a unos teléfonos asegurados y la inspección de diversos documentos incautados en la estación migratoria, señalan documentos judiciales.

 La defensa de Garduño no se opuso a la ampliación del plazo, razón por la que quedó autorizada; ahora la investigación complementaria fenecerá el próximo 23 de octubre.

 La etapa de investigación complementaria está contemplada para que el imputado y la Fiscalía reúnan sus respectivos datos de prueba que eventualmente serán considerados en el juicio.

 El pasado 27 de marzo un incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez dejó un saldo de 40 fallecidos y 26 lesionados.

 Garduño fue procesado el 30 de abril por ejercicio ilícito del servicio público, porque un juez consideró que había datos de prueba de que, pese a tener la obligación por encargo de la seguridad de las sedes migratorias, propició un daño a las personas, instalaciones y objetos, así como la pérdida de materiales que estaban bajo su cuidado.

 La pena máxima por el delito de ejercicio ilícito del servicio público es de 3 años de cárcel, la cual es conmutable por una multa u otro tipo de sanción, lo que significa que Garduño no pisará la cárcel.



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